Argentina extiende su cierre de fronteras por COVID-19

BUENOS AIRES. Argentina inició este lunes una nueva extensión en las medidas para frenar el COVID-19, entre ellas el cierre de sus fronteras para el turismo, mientras avanza la vacunación a menor ritmo del proyectado originalmente por el Gobierno, y en un contexto de incertidumbre por el comportamiento que tomará el virus con la llegada del otoño, en marzo.

El Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz es un puente carretero y ferroviario erecto sobre el río Paraná, que comunica a la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, Argentina -noreste de Argentina-, con la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, Paraguay -sur de Paraguay-Juan Augusto Roa
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Por medio de una decisión publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo de Alberto Fernández prorrogó hasta el 28 de febrero la prohibición de acceso al país a extranjeros o no residentes en Argentina, salvo que sean parientes directos de argentinos o residentes, así como la suspensión de vuelos desde y hacia Reino Unido, para evitar la nueva cepa del virus.

También se seguirán determinando los cronogramas de vuelos y la cantidad de pasajeros que podrán ingresar al país, “especialmente” los provenientes de Estados Unidos, México, Europa y Brasil.

Además, como ya venía sucediendo, el Gobierno recomienda a los argentinos y en especial a los mayores de 60 años o de grupos de riesgo “diferir” sus viajes al exterior si no son por un motivo esencial.

Distanciamiento social

En la actualidad, 157.615 personas transitan en Argentina la enfermedad, que desde marzo de 2020 ya lograron superar 1,72 millones pero que deja hasta ahora 47.974 fallecidos. Mientras, todo el país se encuentra bajo medidas de distanciamiento, social preventivo y obligatorio, que regirán, tras la extensión iniciada hoy, hasta al menos el 28 de febrero.

Con carácter general, estas siguen siendo mantener la distancia social de dos metros, usar tapabocas y cumplir los protocolos aprobados para cada actividad permitida comercial o cultural permitidas, cuyo funcionamiento depende de cada distrito siguiendo las recomendaciones de las autoridades nacionales.

Ya el 8 de enero, para frenar los repuntes de contagios que se estaban dando durante las primeras semanas del verano austral -con imágenes de playas llenas y fiestas clandestinas- el Gobierno emitió un decreto en el que pedía a los gobernadores provinciales restringir la circulación nocturna si así lo requiriera la situación epidemiológica.

Las miradas se posaron especialmente en la provincia de Buenos Aires, la más visitada por sus localidades costeras, que suspendió entre la 1 y 6 de la madrugada toda actividad recreativa en concurridos municipios, algo parecido a lo que sucedió en la capital argentina, donde tampoco se restringió la circulación de personas pero sí el cierre de locales nocturnos en esas horas.

“Con ciertas medidas de restricción y circulación de la nocturnidad (se consiguió que fuera) un rebrote y no fue segunda ola”, señaló este lunes el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, en declaraciones a Radio La Red.

Y es que desde mediados de enero volvió a bajar la curva de contagios y en los últimos días se están dando valores por debajo de los 11.000 casos diarios, lo que llevó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a afirmar que si sigue la baja podría extenderse hasta las 2 el horario de las actividades nocturnas.

La incertidumbre pasa por el comportamiento del virus cuando llegue el otoño y bajen las temperaturas, a finales de marzo, y cómo podrá influir en el retorno a las clases escolares presenciales, que en Buenos Aires está prevista desde el 17 de febrero.

La lenta vacunación

Hace poco más de un mes que Argentina inició la campaña de vacunación contra el virus, que hasta ahora solo ha cubierto al personal de salud mayor de 18 años que trabaje en primera línea de atención de covid-19.

La única vacuna que por el momento se está administrando en el país es la Sputnik-V, elaborada por el instituto estatal ruso Gamaleya, de la que han llegado 410.000 del primer componente y 410.000 del segundo, lejos de las 5 millones de dosis que, según el contrato firmado con el Fondo Ruso de Inversión Directa, se preveía recibir en enero.

Convencido de que “hay un problema mundial con el tema de la producción de la vacuna” que está llevando a los laboratorios a no cumplir con lo prometido a los países, el jefe de gabinete reconoció que en el caso de la Sputnik-V los plazos de cumplimiento de los contratos se van estirando”.

Además de la vacuna rusa, Argentina negocia con otros laboratorios y ha cerrado hasta ahora otros dos contratos: uno con la británica AstraZeneca -que ya está autorizada y se aplicaría desde marzo-; y nueve millones con la alianza Covax, que depende de Naciones Unidas.

En total, el Gobierno estima contar en los próximos meses con más de 50 millones de dosis de diversas vacunas, en un país con alrededor de 45 millones de habitantes.

La polémica Formosa

En las últimas semanas, la situación de la provincia de Formosa, fronteriza con Paraguay, despertó una fuerte polémica por la estrategia de sus autoridades, del mismo color político que Alberto Fernández, de obligar a permanecer en centros de aislamiento a personas con síntomas leves o inexistentes de covid-19.

Por esa razón y por las supuestas malas condiciones en las que se encuentran esos lugares, tanto grupos de la oposición como Amnistía Internacional denunciaron violaciones de los derechos humanos, algo que tanto el Gobierno provincial como el Nacional -tras la visita realizada por el secretario de DD.HH del Ejecutivo de Fernández- rechazan rotundamente.

“No hay centros clandestinos de detención, ni hay violación a los derechos humanos en Formosa. Sí hay casos de violencia institucional de la Policía que se están estudiando”, indicó Cafiero, que se mostró tajante: “no necesitamos que nos digan a los argentinos, ni mucho menos a nuestro espacio político, que tiene siempre una especialidad sensibilidad en el respeto de los DDHH (...) lo que tenemos que hacer en los derechos humanos”, concluyó.

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