“El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso gobierno, y aquí esto fracasó de forma estrepitosa”, declaró Rutte en una rueda de prensa, añadiendo que había presentado la dimisión de su gabinete al rey Guillermo Alejandro, a sólo dos meses de las elecciones legislativas y en plena crisis sanitaria. “Estamos todos de acuerdo: cuando todo el sistema fracasa, sólo se puede asumir una responsabilidad conjunta”, agregó.
Miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las prestaciones sociales, viéndose obligadas a devolverlas, lo que sumió a muchas de ellas en graves problemas financieros. Algunos de los hogares estaban en la mira de la administración por su origen étnico, en base a su doble nacionalidad.
Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 y 2019, y les obligaron a devolverlas de forma retroactiva. En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros.
Altos responsables políticos, entre ellos varios ministros, están acusados de haber preferido cerrar los ojos ante estas disfunciones, de las que eran conscientes.
La dimisión del gobierno tiene lugar dos meses antes de las elecciones legislativas, previstas el 17 de marzo, y en plena crisis sanitaria, que ha obligado a imponer en el país las restricciones más estrictas desde el inicio de la pandemia. El sistema político holandés permite la existencia de un “gobierno que ha dimitido”, que puede ocuparse de los asuntos corrientes a la espera de la formación de un nuevo gobierno o de nuevas elecciones.
“Distinción étnica”
La presión contra el gobierno aumentó el jueves tras la dimisión del jefe del Partido Laborista holandés (PvdA), en la oposición, Lodewijk Asscher, ministro de Asuntos Sociales de 2012 a 2017, en la anterior coalición gubernamental de Rutte.
El abogado de víctimas, Vasco Groeneveld, interpuso el martes una demanda contra tres ministros en el cargo y dos exministros, entre ellos Asscher.
Varios padres implicados difundieron el lunes un video en que instaban al gobierno a dimitir.
Había trascendido que los funcionarios de impuestos habían procedido a una “distinción étnica” de unas 11.000 personas en base a su doble nacionalidad, incluyendo a algunas de las que están afectadas por el caso de las prestaciones familiares.
En diciembre, el gobierno holandés dijo querer pagar en los próximas cuatro meses al menos 30.000 euros (35.000 dólares) a cada progenitor implicado, pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo.
Rutte dirigió tres gobiernos de coalición desde 2010. En 2017, su partido llegó por delante de la formación del diputado de extrema derecha Geert Wilders. Según los últimos sondeos, la formación liberal-conservadora (VVD) de Rutte podría encabezar de nuevo las elecciones legislativas, aupado por su gestión de la pandemia.