Su destitución y la asunción al poder de Manuel Merino, el jefe parlamentario que asumió la presidencia del país el martes, han desatado masivas manifestaciones en Lima y otras ciudades, con saldo de una docena de heridos por la represión policial, condenada por organismos de derechos humanos.
La jueza María Álvarez dictó “impedimento de salida del país contra el investigado Martín Vizcarra” por “18 meses”, a pedido de la fiscalía que investiga las denuncias de que el exmandatario había recibido 600.000 dólares en sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.
“Hemos dicho que nos quedamos” en el país, dijo a periodistas Vizcarra, que niega los cargos y cuestiona la legitimidad del gobierno de Merino. “Tenemos la verdad y el sustento que nos respalda”.
El Congreso destituyó a Vizcarra por “incapacidad moral” el lunes, al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses.
Desde el martes miles de personas han salido a las calles de Lima y otras ciudades en defensa de este político sin partido ni bancada en el Congreso pero muy popular, y para protestar contra el gobierno de Merino.
En medio de una nueva manifestación el jueves, un grupo de personas que intentó llegar al Congreso se enfrentó con piedras y palos a la policía, que los dispersó con gases lacrimógenos y perdigones. Tras la movilización se reportaron ocho personas detenidas y una docena de heridas -dos con “armas de fuego”.
Organismos de derechos humanos alzaron su voz el viernes contra la represión.
La Defensoría del Pueblo de Perú (ombudsman) exigió “cesar de forma inmediata uso de gas lacrimógeno y perdigones contra ciudadanas/os que ejercen su derecho a manifestarse”.
“Muy preocupantes los relatos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Perú. La policía debe garantizar el derecho de los peruanos a manifestarse pacíficamente y de la prensa a informar”, indicó en Twitter José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.
Heridos por armas de fuego
La protesta en la céntrica plaza San Martín de Lima transcurrió de manera pacífica unas cuatro horas, hasta que una columna de manifestantes intentó acercarse a la sede del Congreso, símbolo de la ira de los peruanos por haber destituido a Vizcarra.
Dos veinteañeros fueron heridos “por armas de fuego”, uno de gravedad, dijo el médico Jorge Amorós, del hospital Almenara de Lima donde ambos están internados, sin precisar el tipo de proyectil.
“Aparentemente es un perdigón”, dijo el ministro de Salud, Abel Salinas, sobre el proyectil que hirió a Percy Pérez Shapiama, de 27 años, quien recibió un impacto en el abdomen que le causó tres perforaciones en los intestinos por lo que fue operado y está en estado de gravedad.
Un fotógrafo de la AFP recibió impactos de perdigones en un brazo y una pierna en la marcha en la Plaza San Martín.
Las autoridades no han divulgado balances de lesionados ni detenidos, pero la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo que además de los dos jóvenes, otras 12 personas sufrieron heridas, entre ellas una que recibió perdigones en el rostro, y ocho manifestantes fueron detenidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, había expresado el jueves su “preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial”.
También el representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, había llamado a las autoridades peruanas a garantizar el derecho a la reunión pacífica, tras asegurar haber recibido “información inquietante” sobre el actuar de la policía.
No se habían convocado nuevas manifestaciones para este viernes, cuando la selección peruana de fútbol se enfrenta a su par de Chile en eliminatorias mundialistas.
La destitución de Vizcarra fue condenada también por el peruano Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, quien señaló que “clarísimamente el flamante Congreso ha violado la Constitución con esta medida”, en declaraciones al diario El Comercio desde Madrid.
De cara al primer juicio político, del que salió airoso el 18 de septiembre, Vizcarra solicitó al Tribunal Constitucional que definiera los alcances de la “incapacidad moral”, porque la carta magna no los precisa.
Sin embargo, la corte recién emitirá su fallo el 18 de noviembre.
Merino ha prometido respetar el calendario electoral, que prevé comicios presidenciales y legislativos el 11 de abril de 2021 y la asunción del nuevo gobierno y Congreso el 28 de julio de 2021.