En una especie de “remake” de un juicio político del que salió airoso el 18 de septiembre, Vizcarra debe ahora defenderse de los acusaciones de haber supuestamente recibido coimas por contratos de obras públicas mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua, en 2014.
Esta nueva moción de destitución, que requiere 87 votos de 130 para ser aprobada en el parlamento, amenaza con “sumir al país en una situación de inestabilidad”, advirtió Vizcarra, quien ha mantenido niveles récord de popularidad en sus dos años y medio de mandato.
Las acusaciones de corrupción no han mellado el apoyo ciudadano a este ingeniero provinciano de 57 años ajeno a la clase política, que carece de partido y bancada legislativa, y quien asumió el poder tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente, en marzo de 2018.
Esta moción fue presentada por el minoritario partido populista Unión por el Perú (UPP) y se basa en declaraciones de dos empresarios que aseguraron a la Fiscalía haber pagado coimas a Vizcarra cuando era gobernador.
Los montos de los supuestos sobornos ascienden a 2,3 millones de soles (unos 623.000 dólares), en un caso investigado por la Fiscalía desde 2018, pero que recién ahora ganó notoriedad.
Vizcarra niega haber recibido esos pagos y atribuye la moción a una maniobra para retrasar las elecciones de abril de 2021, en las que debe ser elegido un nuevo presidente de Perú y renovado totalmente el Congreso unicameral. El mandatario no puede ser candidato, porque la reelección está prohibida.
La Fiscalía había anunciado que abriría un expediente a Vizcarra una vez que culmine su mandato, el 28 de julio de 2021, pues ahora tiene inmunidad, pero sus adversarios en el Congreso no quisieron esperar y pusieron en marcha este nuevo proceso de destitución.
No hay pugnas ideológicas en esta controversia, pues tanto el mandatario como la mayoría parlamentaria son de centroderecha.
Tampoco están en discusión los grandes problemas de Perú -como la devastadora pandemia del coronavirus y la recesión económica causada por un largo confinamiento-, sino que parece tratarse de una mera disputa de poder y que las denuncias contra el presidente son un mero pretexto.
Hace una semana el Congreso admitió a trámite esta moción por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones.
Este nuevo juicio político fue echado a andar menos de dos meses después de que Vizcarra sobreviviera a otro similar, acusado de haber instado a mentir a dos asesoras en unas investigaciones sobre un polémico contrato a un cantante.
En el primer juicio, el 18 de septiembre, Vizcarra salió airoso cuando el Congreso solo obtuvo 32 de los 87 votos necesarios para destituirlo.
En los sondeos, redes sociales y calles (con cacerolazos), el apoyo a Vizcarra sigue siendo muy alto: tres de cada cuatro peruanos quiere que él siga al frente del Ejecutivo. En cambio, el Congreso tiene 59% de desaprobación.
Los gremios empresariales también pidieron evitar una destitución y focalizarse en la pandemia y recuperación económica.
Juicio relámpago
Estas mociones de destitución recuerdan dos iniciativas similares contra su antecesor Kuczynski (2016-2018), que llevaron a la renuncia del exbanquero a la presidencia, también en el marco de enfrentamientos con el Congreso.
Vizcarra y su abogado deben hacer los descargos en este juicio relámpago en el Congreso que comenzará el lunes hacia las 09:00 locales (11:00 hora paraguaya), tras lo cual habrá un largo debate antes de la votación.
En septiembre de 2019 Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a nuevos comicios legislativos para superar otra crisis política. Son los nuevos parlamentarios, elegidos en enero, quienes decidirán su suerte.
Si es destituido, asumiría el poder el jefe del Congreso, Manuel Merino, un político de bajo perfil del partido Acción Popular (centro-derecha).
Esta crisis política estalló mientras Perú está abocado a la emergencia del coronavirus, con 920.000 contagios y casi 35.000 muertos, y un brote de difteria que ha forzado a una vacunación de emergencia.