Una decisión, la de la justicia italiana, que ha suscitado inmediatamente la ira del ministro del Interior, Matteo Salvini, autor de la política de puertos cerrados a las naves de las ONG y que no se había cansado de pedir cárcel para la activista.
La joven de 31 años estaba acusada de los delitos de resistencia o violencia contra nave de guerra y de intento de naufragio por haber chocado contra una patrulla de la Guardia de Finanzas (policía de fronteras italiana) durante la operación de atraque, cuando llevó a los inmigrantes a tierra.
Fue arrestada en la madrugada del sábado y hoy la jueza de Agrigento, Alessandra Vella, no convalidó la detención y rechazó ese delito, hasta el punto de que sostiene que actuó cumpliendo “un deber”, el de salvar vidas en el mar, según recogen los medios.
El 12 de junio la ONG alemana rescató 53 inmigrantes frente a las aguas de Libia, de los que trece fueron desembarcados días después por razones médicas, y el restó se quedó en un limbo a la deriva, pues ningún Estado ribereño abría sus puertas al barco.
Sin embargo el 26 de junio la capitana decidió entrar sin permiso en aguas territoriales de Lampedusa, y por ende de Italia, violando la prohibición de Salvini, aunque no llegó a tierra porque fue interceptada primero por la Guardia de Finanza (policía fronteriza).
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Tres días después, en la noche del 29 de junio, la capitana llegó finalmente sin permiso al puerto de esa isla, pese a la prohibición de los agentes, y atracó en uno de sus muelles, golpeando levemente a una embarcación policial durante la maniobra.
La activista fue entonces arrestada y, durante el interrogatorio, aseguró que entró por necesidad, ya que la situación que se vivía a bordo era insostenible, y que en ningún caso quiso chocar con el barco de la Guardia de Finanza.
Algo negado por el fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, quien cree que la colisión fue “voluntaria”, que los inmigrantes presentaban aparentes buenas condiciones y que la capitana podría haber esperado a que Italia aprobara su atraco, una vez que lograra un acuerdo para la distribución de los inmigrantes en Europa.
Tras conocerse su liberación, rápida ha sido la reacción de Salvini, que ha dirigido una crítica velada a la magistratura y ha apostado por expulsar a la activista por considerarla “peligrosa para la seguridad nacional”.
“Para la justicia italiana ignorar las leyes y golpear una nave de la Guardia de Finanza no son motivos suficientes para ir a la cárcel. Ningún problema. Para la comandante criminal tengo preparado una orden para expulsarla a su país”, avanzó el ministro.
Y agregó: “Regresará a su Alemania, donde no serían tan tolerantes con una italiana que atenta contra la vida de policías alemanas. Italia ha levantado la cabeza, estamos orgullosos de defender nuestro país y de ser diferentes de otros líderes europeos que creen que nos pueden tratar como una colonia”.
El Ministerio del Interior detalló que el prefecto de Agrigento ya ha dispuesto que Rackete sea expulsada de Italia acompañándola a la frontera, una medida que aún debe ser aprobada por las autoridades judiciales. Y que a buen seguro no podrá ser ejecutada antes del 9 de julio, fecha en la que la activista tiene que someterse a un interrogatorio por la investigación que le mantienen abierta por el delito de favorecer la inmigración irregular.
La propia organización humanitaria expresó su alivio a través de las redes sociales: “No había motivos para su arresto, ya que aquí la única irregularidad era hacer cumplir los derechos humanos en el Mediterráneo y asumir la responsabilidad en lugar de los Gobiernos europeos”, tuiteó.
Pese al afán de Salvini de desterrar a las organizaciones humanitarias del Mediterráneo, estas perseveran en su misión de salvar vidas y con la ausencia de Sea Watch han llegado la española Proactiva Open Arms y la también alemana Sea Eye.
Pero el ministro ultraderechista avanzó que en caso de rescatar algún inmigrante y de querer llevarle a suelo italiano, les espera la misma suerte, y avisó de las consecuencias, como multas, incautaciones y arrestos que conlleva desobedecer a las autoridades.
“Que España los haga volver o, de lo contrario (obviamente con buenas maneras), lo haremos nosotros”, refirió en declaraciones a la prensa, en alusión a Proactiva.