La abogada Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola se presentó este lunes en la Unidad Penal 10, a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, para la audiencia indagatoria, pero se abstuvo de declarar en la investigación abierta en su contra por supuestamente apoderarse de una indemnización de G. 220 millones que pertenece a su cliente.
Según la imputación fiscal, el 24 de septiembre pasado, Anzoátegui Rivarola había retirado de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de Minga Guazú la millonaria indemnización asignada a su cliente Esteban Gómez Rojas, una víctima de la dictadura stronista.
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Desde el pasado 11 de diciembre, la abogada está con arresto domiciliario que debe cumplir en la ciudad de Itá.
Diligencias de investigación
Para la imputación de la abogada, el fiscal Zaracho reunió algunos elementos incriminatorios en la carpeta de investigación como el informe del BNF sobre el pago de la indemnización.
Aunque la diligencia clave es la grabación del circuito cerrado. Las cámaras del banco registraron el momento cuando Anzoátegui Rivarola agarraba los fajos de dinero y guardaba en una mochila negra.
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La víctima estaba con ella en el banco, pero casi todo el trámite incluido el cobro de la indemnización fue realizado por la profesional del derecho. La víctima dijo que solo recibió G. 15 millones en los días posteriores, tras reclamar el dinero a la abogada.