En su visita a Ciudad del Este, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández mantuvo reuniones en la sede regional del Ministerio Público con representantes de diferentes gremios. El encuentro sirvió para la exposición de reclamos y pedidos relacionados con la inseguridad y la permisividad estatal.
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Edgar Cuevas, representante de la Unión Industrial del Paraguay, solicitó la igualdad ante la ley y que no haya “zonas liberadas”, al referirse a mercados de abasto donde se comercializan normalmente productos de contrabando.
“En esas zonas liberadas, por una cuestión social, no podemos entrar, como en los mercados de Ciudad del Este, Asunción, Villarrica. Que no haya excusa para que nos igualemos todos ante la ley. La impunidad no se sustente en un argumento social”, reforzó.
Según Cuevas, hay varias zonas liberadas y citó los lugares cercanos a los puentes por donde se transportan las mercaderías de contrabando. “Estamos hablando de varios otros lugares que en su debido momento vamos a presentar denuncias concretas en la Fiscalía”, anunció.
Los industriales aguardan la confección de un protocolo de investigación dentro del Ministerio Público, que servirá como un instrumento para reducción las facultades discrecionales de los fiscales en las averiguaciones.
Reclamo de comerciantes
Por su parte, los comerciantes solicitaron aplicar un esquema interinstitucional para combatir la inseguridad en la zona céntrica de Ciudad del Este, que afecta principalmente a turistas que visitan la región para compras.
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Said Taigen, representante de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, propuso la creación de una dependencia especializada para atender delitos cometidos contra turistas. Además, de la habilitación de una oficina conjunta entre la Fiscalía, la Policía, la Senatur y la Dirección de Defensa del Consumidor.
En los últimos meses, se han instalado gavillas criminales que estafan, asaltan y hasta secuestran a los turistas extranjeros en el microcentro esteño.
Para Taigen, la única manera de contrarrestar el incremento de la inseguridad es a través de un trabajo conjunto entre las instituciones involucradas. “Lo habitual es que cuando el estafador es descubierto, devuelve el dinero y queda libre, no hay castigo”, remarcó.
Los gremialistas comentaron que el fiscal general se mostró interesado en sus problemas y que prometió trabajar desde el Ministerio Público para coadyuvar en las soluciones.