Tras la imputación por incumplimiento de prestación alimentaria presentada por el fiscal Carlos Antonio Almada y su difusión en los medios de comunicación, el cantante emitió un comunicado para pronunciarse sobre su situación legal.
“Si bien es cierto que me encuentro imputado en concepto de asistencia alimentaria, aclaro que estoy cumpliendo con la asistencia alimentaria de mis hijos”, reza una parte del manifiesto.
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En el comunicado el cantante reconoció una deuda pendiente por la prestación alimentaria y recalcó que es la suma de 110 millones de guaraníes. Sostuvo también que no se encuentra en estado de rebeldía y anunció que comparecerá a la audiencia convocada por la jueza Alba Meza este 28 de febrero.
El artista cuestionó a algunos medios de prensa por la difusión de la información con datos inexactos sobre su condición procesal. “...insto a mis amigos y seguidores a que no crean todo el morbo que algunos medios de prensa pretenden hacer creer, con el solo fin de opacar mi imagen y mancillar mi nombre”, refiere otra parte del comunicado.
La imputación
El fiscal Almada imputó al cantante por el delito de incumplimiento del deber legal alimentario, que está castigado con hasta cinco años de prisión, por la falta de pago de la pensión a sus dos hijos menores.
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El fiscal solicitó al juzgado un plazo de tres meses para finalizar la investigación abierta contra el artista.
Según la imputación fiscal, el cantante debía depositar la suma mensual de 2 millones de guaraníes en concepto de prestación alimentaria, según había ordenado el juzgado de la Niñez y Adolescencia de Ciudad del Este, en abril de 2021.
Antes de la citada resolución, el artista ya adeudaba 14 millones de guaraníes y ante los pagos de forma irregular la deuda se acumuló en 87.188.000 guaraníes, según el Ministerio Público.
Datos personales del cantante
Los datos personales del cantante son omitidos por exigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, que en su artículo 29 dice: Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles.
“Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”.