En la segunda quincena de octubre pasado, la Junta Municipal había aprobado un pedido de informe al intendente de Hernandarias, Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR, cartista), sobre dudosas transferencias a comisiones vecinales. Más de un mes después, el jefe comunal solo respondió con el silencio.
El requerimiento de explicaciones al intendente cartista se produjo a raíz de la denuncia de miembros de las supuestas comisiones beneficiarias, quienes afirmaron que nunca recibieron el dinero.
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Se trata de comisión pro agua Barrio Doña Jesús, que habría recibido G. 87.775.000; comisión Mujeres Solidarias del barrio Virgen de Caacupé que percibió tres transferencias por un monto total de G. 239.500.000; y la comisión Sigamos Hermoseando Villa del Sol percibió G. 84 millones.
Además, Blanca Beatriz López de Mancuello recibió dos montos que totalizan G. 104.526.000.
Operaciones dudosas coinciden con año electoral
Estas transferencias se materializaron en el primer semestre de 2022, en el rubro de aporte a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro que tiene un presupuesto anual de G. 2.000 millones en la Municipalidad de Hernandarias.
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La operación más llamativa se da con la comisión Sigamos Hermoseando Villa del Sol, que era presidida por Julia Carolina Benítez de Rodas, quien actualmente es directora de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad.
Los concejales pretenden corroborar el legajo de rendición de cuentas, copia de cheque emitido, resolución de reconocimiento de comisiones beneficiadas e informe bancario sobre efectivización de cheques.
Las dudosas transferencias casualmente coinciden con el año electoral y Nelson “Kpeto” Cano, hijo del intendente cartista, es precandidato a diputado. A juzgar por el despliegue de campaña, “Kpeto” es uno de los postulantes que más recursos destina para sus actos proselitistas.
Millonario préstamo
El intendente Cano tampoco brindó explicaciones a la Junta sobre la ejecución de un préstamo autorizado de G. 7.000 millones para la compra la compra de propiedades. Una para ampliar el predio del cementerio y otra propiedad afectada por la obra del polideportivo municipal.
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En respuesta, el jefe comunal remitió una nota a la Junta para comunicar que tiene un plazo de 30 días para informar sobre el punto requerido.
Intentamos comunicarnos vía telefónica con el intendente Cano Ozuna, pero no tuvimos retorno. No obstante, nuestra redacción está abierta para escuchar su versión.