Una serie de pruebas que confirman que los al menos 12 títulos del INDI son falsos y entre las mismas figura que se utiliza para aterrorizar a varios colonos, fueron remitidas a la directora de Registros Públicos, Lourdes González.

La Finca 1.628 de Itakyry que el INDI reclama como suya tras una compra presuntamente fraudulenta, afecta a varios colonos que habían adquiridos varios inmuebles del entonces IBR, actual INDERT. Sin embargo, el INDI insiste en la posesión y en varias ocasiones llevó hasta la zona a un grupo de familia de la parcialidad Ava Guaraní, de la comunidad Ka’a Poty generando una serie de conflictos.

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Como los aborígenes fueron engañados sobre las propiedades invaden zonas de cultivos y atemorizan a los pobladores, principalmente en la colonia Tape Yké. Hace unos días incluso protagonizaron un brutal ataque a uno de los establecimientos, perteneciente a la familia Torras. Causaron destrozos, robos e incluso golpearon a los dueños de casa.

Para probar la falsedad de los títulos recurrieron al acceso a la información pública solicitando a la Fiscalía General del Estado y lograron varios elementos probatorios que ahora ya están en manos de las autoridades de Registros Públicos.

Hubo una denuncia a finales de los `90

En la nota refieren que las irregularidades en los títulos de propiedades ya habían sido denunciados entre los años 1997 y 1998, por el entonces titular del INDI, Julio Colmán por constituir un fraude al Estado paraguayo.

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“Lo mas grave de todo es que esta situación da pie a la manipulación de los sectores más vulnerables, a la instalación del discurso de odio y de una enemistad entre colonos y comunidades indígenas bajo el engaño de que fueron los colonos los que despojaron de sus tierras a las comunidades cuando la realidad es otra”, refiere parte de la nota enviada.

También se agrega que ”el motivo real de esta situación es el fraude de unos pocos que sucedió en el pasado pero por la impunidad, sus consecuencias se extienden hasta hoy y afectan de forma aún más grave a los más vulnerables”.

Igualmente, los afectados solicitaron una investigación profunda sobre estos títulos y sus antecedentes, de manera a fortalecer la seguridad jurídica de todas las instituciones del Estado.