Suspenden juicio de funcionarios del Indert acusados de pedir coima de U$S 500.000

CIUDAD DEL ESTE. El juzgamiento de dos funcionarios del Indert previsto para este lunes fue suspendido a raíz de la ausencia de jueces. Los funcionarios están acusados por supuestamente pedir una coima de US$ 500.000 para regularizar una colonia agrícola.

Los funcionarios del Indert Gabriel Silvino Antonio Sosa Rodríguez y Hernán Darío Insfrán Mena, tras su detención.Archivo, ABC Color
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El juicio oral y público de Hernán Darío Insfrán Mena y Gabriel Silvino Antonio Sosa Rodríguez, ambos funcionarios del Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), estaba marcado para las 12:00 de este lunes.

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Sin embargo, el juzgamiento fue suspendido a raíz de la ausencia de dos de los tres miembros del Tribunal de Sentencia. Solo el juez Fabio Aguilar estuvo presente, mientras que sus colegas Serafín González y Vitalia Duarte se encuentran de vacaciones. El enjuiciamiento será reprogramado para otra fecha.

Cobraron US$ 50.000

Insfrán Mena y Sosa Rodríguez soportan un proceso penal por cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión, tras ser detenidos en un operativo vigilado luego de cobrar 50.000 dólares a un grupo de colonos.

Según los antecedentes, el 2 de agosto de 2019, ambos cayeron en una entrega vigilada montada por la fiscala Estela Mary Ramírez. Previamente se dispuso la grabación de comunicaciones telefónicas, con autorización judicial, que evidencia la negociación para el cobro de la coima.

Insfrán Mena y Sosa Rodríguez habrían pedido US$ 500.000 a 106 familias de la colonia San Miguel de Minga Guazú para la expedición de títulos de propiedad. Cada familia supuestamente fue intimada a pagar US$ 5.000 para mantener sus tierras.

Los afectados ya tenían el certificado de ocupación expedido por el Indert y solo faltaba la entrega del título de propiedad para finiquitar el proceso de la instalación de la colonia.

Extorsión y amenaza

Los acusados habrían prometido la entrega del título a cambio de la millonaria coima y supuestamente amenazaron si los afectados no pagaban con retirar el certificado de ocupación.

La denuncia fue presentada por Miguel Merlo Otazú, presidente de la colonia San Miguel. Mientras que la investigación fue dirigida por la fiscala Ramírez, quien acusó y pidió el juzgamiento de los denunciados.

En el juicio oral el Ministerio Público será representado por el fiscal Osvaldo Zaracho.

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