El viernes pasado, la Junta Municipal aprobó el incremento de la tarifa del pasaje de G. 2.900 a G. 3.500 ante la presión de los transportistas mediante un paro. Los concejales y los empresarios fueron denunciados en la Fiscalía por el reajuste del pasaje por dirigentes del PLRA.
En este contexto el jefe comunal vetó la resolución del legislativo municipal y mantiene el precio a G. 2.900, que en la práctica es de G. 3.000 por la falta de monedas.
Benítez Ávalos sostuvo que el veto es oportuno debido al incumplimiento de varias cláusulas del contrato por parte de los concesionarios del transporte público urbano. Indicó que el servicio que están brindando los transportistas no concuerda con la suba solicitada y que el problema de las chatarras afecta a generación tras generación en Ciudad del Este.
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En otro momento, anunció que enviará un proyecto a la Junta Municipal para la municipalización del servicio del transporte. Se pretende la compra de 35 buses híbridos y otros cinco colectivos eléctricos a través de préstamo o emisión de bonos.
El intendente interino solicitó a los concejales acompañar el veto y apoyar el nuevo plan para el transporte público, que implicaría la rescisión del contrato de concesión con siete empresas.
El actual servicio prestado por los concesionarios es pésimo. Buses chatarras, incumplimiento de frecuencia horaria y de itinerarios son quejas constantes de los usuarios.
El director general de la Municipalidad, Daniel Pereira Mujica, comentó que también se pretende implementar el billetaje electrónico y adelantó que para el próximo año se adquirirá la planta asfáltica para mejorar las condiciones viales de los itinerarios.
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Con la medida anunciada desde la Municipalidad se temía un nuevo paro de los miembros de la Asetrapace (Asociación de Empresarios del Transporte Público de Pasajeros de Ciudad del Este), pero este viernes los buses circulaban normalmente en la capital departamental y los transportistas tampoco comunicó una medida de fuerza en los próximos días.