La Diócesis de Ciudad del Este, autoridad eclesiástica de Alto Paraná y Canindeyú, divulgó el manifiesto en el 32° aniversario de la gesta democrática para posicionarse con respecto al tratamiento en el Congreso Nacional del veto total del Ejecutivo al proyecto de ley, que desafecta del dominio público las 1.700 hectáreas para un plan de una reforma agraria. Las tierras en cuestión están localizadas en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú.
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“A los legisladores, que ratifiquen y, por consiguiente, pongan en vigencia la Ley 6.700/2020 en favor de las poblaciones campesinas beneficiarias. Al Poder Ejecutivo, que favorezca el desarrollo integral de la población asentada en dichas tierras con políticas públicas en términos de infraestructura, acompañamiento técnico y apoyo financiero para la producción sustentable, en armonía con el medio ambiente”, reza una parte del exhorto firmado por el obispo Guillermo Steckling.
Las tierras de Marina Cue fueron el escenario de una masacre que segó la vida de 11 campesinos y seis policías, durante un operativo de desalojo en 2012. La matanza terminó con el juicio político y destitución del entonces presidente Fernando Lugo.
“Confiamos en que nuestros hermanos campesinos beneficiarios de las tierras sabrán demostrar con su trabajo responsable que es posible producir y desarrollarse en armonía con el medio ambiente, siendo celosos custodios del cuidado de la casa común”, indica el último párrafo del manifiesto.
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Esta semana, la Conferencia de Religiosos del Paraguay (Conferpar) también exteriorizó a través de un comunicado indignación ante el veto del presidente Mario Abdo Benítez y abogó por la entrega de las tierras a las familias campesinas asentadas en la zona.
El proyecto de ley será tratado este miércoles en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
El presidente Abdo Benítez alegó que la propuesta de convertir las tierras de Marina Cue en un asentamiento humano colisiona con la ley de deforestación cero, ya que la finca tiene una importante reserva forestal.
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Desde el Poder Ejecutivo se plantea un nuevo proyecto de ley para expropiar 806 hectáreas para ser transferidas al Indert con la finalidad de ejecutar un plan de reforma agraria, además de la firma de compromiso con los beneficiarios para la preservación del área boscosa en la región.
Las imágenes satelitales muestran que desde 2015 la reserva forestal fue depredada a un ritmo acelerado y gran parte del área verde se encuentra deforestada.