La diligencia fue convocada para este jueves 31 de diciembre por la jueza Cinthia Garcete Urunaga. Pero se suspendió a pedido de la fiscala Carolina Gadea y se fijará una nueva fecha para la audiencia preliminar.
El supuesto desvío de G. 546.778.233 se había producido entre enero y noviembre de 2015. En una primera etapa Castillo administraba la Municipalidad, luego renunció para buscar la reelección y fue reemplazado por Agüero.
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Un dictamen de la Contraloría es la prueba más importante que compromete a los ex jefes comunales. El informe de auditoría indica que el millonario monto no fue transferido a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, pese a los descuentos compulsivos a los funcionarios municipales.
La Comuna incluso fue demandada por la Caja de Jubilaciones por la falta de transferencia.
La investigación fue realizada por el fiscal Alfredo Acosta Heyn, quien solicitó al juzgado la elevación de la causa a juicio oral. En su escrito de acusación el agente insinuó que el dinero desviado habría sido usado en la campaña electoral de Castillo.
El fiscal Acosta Heyn fue recusado por la defensa de los acusados y la fiscala Gadea fue asignada para proseguir con la causa.
Los exintendentes procesados negaron el hecho y dijeron que son víctimas de persecución política.