El anterior jefe de Fiscalización Javier Miranda había iniciado el relevamiento de datos de los trabajadores permisionarios de espacios públicos desde la primera a la tercera etapa. Antes de culminar la tarea fue trasladado al mercado zonal del barrio Ciudad Nueva en medio de fuertes presiones de concejales que defendían el negociado de las casillas.
Precisamente en la cuarta etapa, durante la gestión de la exintendente imputada Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista), varios trabajadores antiguos fueron excluidos y se reportaron varias denuncias de ventas de casillas.
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Cantero anunció que indefectiblemente el censo de la cuarta etapa se llevará a cabo con transparencia y que tomarán las medidas correctivas en caso necesario. El nuevo jefe igualmente comentó que en las próximas semanas formalizarán los contratos de usufructo del espacio público con los mesiteros por diez años.
En la época del clan Zacarías los contratos eran válidos por un año. De esa manera la cuestionada casta política cautivaba a los trabajadores para conseguir apoyo en tiempos electorales.
A finales del 2019 los concejales modificaron la ordenanza para ampliar el plazo del contrato. Sin embargo, regularizaron un negociado con los puestos instalados en las veredas.
Los concejales habilitaron que hasta dos puestos puede contar una persona; además, está permitido la figura de “socio” en la explotación comercial de las casillas. Con esta reglamentación se regulariza una vieja práctica de mercaderes de espacio público: adueñarse de las casillas y luego alquilar.