La diligencia judicial es dirigida por la jueza penal de Garantías Cinthia Garcete Urunaga. Los acusados están participando desde sus domicilios, a excepción de Carlos Bordón Bottino, quien se encuentra en un sanatorio.
Bordón Bottino, dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones, envió esta mañana al juzgado un certificado médico para alegar imposibilidad de participar en la audiencia por internación, pero la jueza encomendó a una forense inspeccionar al acusado a fin de corroborar si su estado de salud le impedía asistir de forma virtual a la audiencia y se confirmó que no era grave a tal punto que le impidiera participar de la audiencia.
La jueza decidirá en la audiencia las medidas alternativas a la prisión a ser aplicadas a los procesados, como prohibición de salir del país, embargo de bienes y prohibición de cambio de domicilio.
Con relación al caso, el coimputado Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) fue beneficiado con libertad ambulatoria a finales del año pasado.
En enero pasado, la fiscala Josefina Aghemo acusó al matrimonio Zacarías-McLeod por lesión de confianza, en el marco de una investigación que detectó un desvío de G. 1.200 millones del presupuesto de publicidad institucional de la Comuna.
Zacarías Irún fue sindicado como instigador del esquema, mientras que la exintendenta McLeod como autora.
Hasta la fecha, solo el legislador colorado tuvo su audiencia de imposición de medidas.
Otros acusados también afrontan esta mañana la audiencia de imposición de medidas. Se trata de Alberto Rodríguez (ANR, cartista), ex intendente interino; Juan Domingo Sanabria Notario, exjefe de Prensa de la Comuna; David Espínola, exdirector de Finanzas, y Carlos Bordón Bottino, propietario de la empresa de maletín Frontera Producciones.
También los parientes de Sanabria Notario: Dora Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola, Olga Rojas Espínola y Gustavo Rojas Espínola. La primera fue funcionaria del Departamento de Prensa y los tres últimos regenteaban otras tres empresas de portafolio usadas en el esquema.
Pese a más de un año de la imputación, estos procesados nunca afrontaron la audiencia de imposición de medidas, ya que recurrieron a más de 20 chicanas para trabar la causa.
Nueva imputación
La jueza Garcete Urunaga estableció plazo hasta el 20 de julio a la Fiscalía para presentar requerimiento conclusivo en la nueva imputación contra el senador Zacarías, en el caso Frontera Producciones.
Mientras que para los exintendentes McLeod y Rodríguez, además de los otros ocho procesados, el plazo es hasta el 10 de julio.
La diferencia de plazo se da debido al pedido de desafuero tramitado para Zacarías.
Según la nueva imputación, los investigados están bajo sospecha de causar un perjuicio de G. 3.700 millones a las arcas municipales.
El desvío de los recursos municipales se habría materializado a través de adjudicación de contratos millonarios de publicidad a la firma Frontera Producciones. Gran parte del dinero fue destinado para la campaña electoral del clan Zacarías en los comicios internos de 2015 y 2017.