El Tribunal de Apelaciones compuesto por Juliana Giménez, Graciela Ortiz y Perfecto Orrego confirmó la resolución de la jueza penal de Garantías Cinthia Garcete Urunaga, por la cual se otorgó medidas alternativas a la prisión al senador cartista, Javier Zacarías Irún.
El 27 de diciembre pasado, la jueza Garcete Urunaga benefició con la libertad ambulatoria a Zacarías Irún pese a que la Fiscalía solicitó su prisión preventiva por obstruir la investigación del caso conocido como Frontera Producciones.
Los fiscales Luis Said, Josefina Aghemo y Sussy Riquelme recurrieron al Tribunal de Apelaciones para insistir con el encarcelamiento preventivo del senador. Pero finalmente los camaristas ratificaron la resolución de la jueza Garcete.
El senador Zacarías es uno de los acusados por su implicación en un supuesto desvío de G. 1.200 millones de la Municipalidad esteña durante la gestión de los exintendentes cartistas Sandra McLeod de Zacarías y Alberto Rodríguez (ambos también acusados).
Según la investigación fiscal, el senador colorado sería el instigador para usar el presupuesto de publicidad institucional de la Comuna para la campaña proselitista de candidatos cartistas en las internas de 2015 y 2017. El perjuicio a las arcas municipales asciende a G. 1.200 millones.
El locutor Carlos Bordón Bottino, dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones, empleada en el esquema, también fue procesado, además del exjefe de Prensa de la Comuna, Juan Sanabria y el exdirector de Finanzas, David Espínola.
La lista de procesados sigue con los hermanos Gustavo Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola, Olga Rojas Espínola y Dora Rojas Espínola. Los tres primeros manejaban otras empresas de portafolio empleadas en el esquema, mientras que la última era funcionaria del Departamento de Prensa de la Comuna.
Los procesados, mediante chicanas, vienen postergando hasta la fecha la realización de la audiencia preliminar, en la que la jueza Garcete debe elevar o no la causa a juicio oral.
Los mismos acusados afrontan otro similar proceso penal por un presunto desvío de G. 3.724.246.000 de la Municipalidad esteña.
La pareja Zacarías-McLeod igualmente afronta otro proceso por ocultar sus bienes de la Contraloría General de la República. Así también, la exintendente McLeod tiene una tercera imputación por otorgar millonarias licitaciones a una empresa fantasma.