Los beneficiados con la decisión judicial son los suboficiales Pedro Cáceres Villalba, Vicente Cáceres Villalba, Joel Arriola Pesoa, Bonifacio Britos Benítez y Nery Marcelo Núñez, todos asignados a la Policía Motorizada.
Los citados fueron detenidos en la tarde del miércoles pasado, tras asaltar una mansión ubicada en el Área 5 de Presidente Franco, donde residen 15 taiwaneses. Las víctimas denunciaron el robo de 100.000 dólares y reconocieron a los cinco policías como los autores del atraco.
En su resolución, de nueve páginas, la jueza Garcete Urunaga responsabilizó indirectamente a la Fiscalía de un acto de negligencia que propició una causal para la liberación de los polibandis.
Según la magistrada, los fiscales Claudelina Corvalán y Alcides Giménez presentaron fuera de plazo la imputación. Además, señala que los cinco agentes fueron puestos a disposición de la justicia extemporáneamente.
Garcete Urunaga detalla en su veredicto que los polibandis fueron detenidos a las 14:40 en fecha 18 de marzo. Pero fueron puestos a disposición del juzgado recién a las 18:08 de fecha 19 de marzo, cuando la legislación establece un plazo límite de 24 horas: se excedió más de tres horas.
Mientras que la imputación fue presentada a las 18:03 en fecha 20 de marzo, cuando el plazo era hasta las 14:40 (24 horas después de la detención), según la resolución.
La magistrada recogió el mismo argumento presentado por los abogados defensores Lisa Fretes Duarte y Rolando Barboza, quienes solicitaron la libertad de sus clientes a través de un hábeas corpus.
En un primer momento la fiscala Analía Rodríguez había llevado el caso, pero fue apartada precisamente por su falta de definición sobre algunos aspectos de la investigación. El fiscal Adjunto Edgar Moreno reasignó la causa a Corvalán y Giménez.
Esta noche la resolución judicial fue comunicada a la Dirección de Policía y los cinco presuntos polibandis fueron liberados. Ni una semana estuvieron presos, pese a que fueron reconocidos por las propias víctimas como autores de toma de rehén y robo armado.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) está obligado a abrir una carpeta para investigar si la decisión de la jueza Garcete Urunaga se ajusta a ley o si hubo negligencia fiscal que permitió la libertad de los supuestos polibandis.
En la misma causa fueron imputados por hurto el oficial Karina Caballero y el suboficial Alcides Moura, ambos del Departamento de Investigación de Delitos. La mujer fue filmada cuando acomodaba un paquete presumiblemente fajos de dinero en su cartera, en la casa asaltada. Mientras que Moura le acompañaba.
Los agentes de Investigación de Delitos habían detenidos a los cinco policías tras perpetrar el asalto. Pero el dinero no fue encontrado y el circuito cerrado de la mansión atracada también fue robado.