La Fiscalía Anticorrupción entregó un requerimiento, de unas 200 páginas, además de ocho tomos de pruebas colectadas durante la investigación que se extendió durante un año, según datos.
Las documentaciones fueron presentadas en el juzgado penal de garantías de turno de Ciudad del Este, a cargo de la jueza Jorgelina Melgarejo. En estos momentos los funcionarios están verificando los documentos entregados por la Fiscalía.
Zacarías y McLeod fueron procesados por lesión de confianza por la fiscala Josefina Aghemo, por supuestamente desviar G. 2.174 millones del presupuesto de publicidad institucional de la Municipalidad esteña para destinar a la campaña electoral en 2015 y 2017. Igualmente, fueron imputados el exintendente interino Alberto Rodríguez (ANR, cartista); el exdirector de Finanzas de la Comuna, David Espínola; el exjefe de Prensa, Juan Sanabria; y el locutor Carlos Bordón Bottino, dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones, que fue empleada en el esquema de corrupción.
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La lista de procesados completan los hermanos Gustavo Rojas Espínola, Dora Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola y Olga Rojas Espínola. La primera fue funcionaria asignada al Departamento de Prensa, y los tres últimos manejaban otras empresas de portafolio usadas para el saqueo.
En esa causa, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del senador Zacarías luego de constatar que el legislador cartista obstruía la investigación mediante orden a otros computados. La obstrucción quedó evidenciada en mensajes de texto y conversaciones telefónicas entre Juan Sanabria y Zacarías. Sin embargo, la jueza Cinthia Garcete benefició al senador con medidas alternativas a la prisión.
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Durante la etapa investigativa, el exjefe de Prensa de la Comuna reveló que con recursos municipales se pagaban a periodistas y medios de comunicación para alabar la gestión de los Zacarías. Además, apuntó al senador cartista como el supuesto líder de la organización criminal.
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La pareja, igualmente, fue procesada por declaración falsa porque supuestamente ocultó sus bienes de la Contraloría General de la República.
La fiscala Josefina Aghemo habló en comunicación con ABC Cardinal para detallar que en el caso de Sandra McLeod hay un pasivo de G. 500 millones mientras que en el caso de Javier Zacarías Irún, hay un pasivo G. 1.500 millones por inmuebles no declarados. “Son tres inmuebles en Itapema", indicó.
Agregó, como consta en la acusación, que se pudo corroborar en la investigación que de la totalidad del monto desembolsado para publicidad institucional, una parte sí se utilizó para esa finalidad y otra parte del contrato se utilizó para propagandas políticas de la familia Zacarías.
Aclaró que en este caso no serán involucrados los trabajadores de la prensa a quienes pagaban por propaganda porque “el comunicador no necesariamente tiene que tener conocimiento de dónde proviene ese dinero”, argumentó.
En cuanto al pedido de prisión preventiva, ratificó que solo es para el legislador colorado Javier Zacarías Irún “justamente en la condición en la que él se mantuvo durante la investigación de obstaculizar los informes a los requerimientos del Ministerio Público”, subrayó.