En este drama algunos quedarán afectados en sus intereses personales. Los sindicalistas corruptos y sus socios comerciales, los gerentes y sus padrinos políticos, solo atinan a defenderse a través de las redes sociales vomitando exabruptos difamatorios. No pueden anular con razonamientos sino con sorna, cinismo y amenazas. Es la vieja estrategia de los bárbaros de cortar la cabeza del mensajero. Tal vez carecen de carácter, de autonomía, de neuronas y hasta de la mínima cantidad de hormonas.
Gracias a unos ataques en las redes sociales, bien identificados, me veo en la obligación moral de continuar ¡más que nunca! mis opiniones sobre los abusos en Itaipú. Hace 20 años que estoy publicando sobre los negociados y las aberraciones de gestión en la administración pública. Suman cerca de 400 ponencias que solo tienen la pretensión de encender una tenue luz en este valle oscuro y misterioso del sector energético.
Pero vayamos a lo que construye. La normativa interna de Itaipú fue diseñada matemáticamente para fortalecer la musculatura de sus administradores y el mercado energético brasileño. El desarrollo nacional estaba en el último lugar de una extensa lista de la lujuria energética. Por sus frutos los conocereís, diría el maestro de Galilea. Basta con ver las pérdidas de oportunidades y el lucro cesante durante estos 36 años de generación y 47 desde la firma del Tratado.
Es bueno recordar a los lectores, que a partir de la cancelación de la deuda en el 2023 se reducirán los costos totales en un 63%, es decir, de una tarifa de US$ 43,84/MWh, bajará aproximadamente a US$ 17 / MWh.
La lógica nos dice que los demás costos deben reducirse proporcionalmente, aumentando la renta energética o disminuyendo la tarifa final a los consumidores. Los analistas todavía debaten si es mejor vender los excedentes, que son totalmente nuestros, a precio justo; o seguir con la política mendicante de pedir mayores compensaciones por royalties y “cesiones”.
Las máquinas seguirán siendo veinte, los transformadores y demás equipos auxiliares seguirán siendo los mismos, salvo siniestros o actualizaciones tecnológicas; por consiguiente ¡hasta los abusos y derroches deben reducirse!
Según resoluciones del Consejo y del Directorio Ejecutivo (RCA y RDE) del año 93, aún vigentes, se permite tener hasta 1.850 empleados en la margen derecha. La planilla salarial, sin embargo, nos dice que hoy solo tenemos 1.526 funcionarios. Esta cifra se redujo paulatinamente a partir de las administraciones de Bocchia, Spalding, Alderete y Bergen.
Hace unas dos décadas, sin embargo, el Consejo decidió contratar a empresas internacionales de prestigio. Esta labor recayó sobre tres administradoras de grandes represas que proveyeron los siguientes veredictos: a) Se requieren 3.000 empleados en total, 1.500 por margen, según la Bureau of Reclamation (EE.UU); b) 1.033 empleados en total, de acuerdo a la B.C. Hydro Internacional (Canadá) y; c) 1.617 empleados en total, de acuerdo a la Hydro Quebec Internacional (Canadá).
Si uno lee el trabajo verá que cada empresa recomienda diversas acciones, como la centralización de la administración en la usina (una sola sede), una tolerancia de más de 200 empleados adicionales en caso especial y la tercerización de varios servicios y trabajos de asesorías. Se aclara, sin embargo, que en el lado paraguayo existen más refugios, reservas biológicas y áreas de protección boscosas, por consiguiente podría tener mayor cantidad de empleados.
La Itaipú, según balances, gastó en “salarios y obligaciones sociales” 79.149.000 US$ en el 2016; 98.081.000 US$ en el 2017; 89.635.000 US$ en el 2018; y una previsión de 225.000.000 US$ para el 2019 (por las probables jubilaciones y retiros voluntarios). Como una gran parte del personal -aproximadamente 1.000 empleados- ganan entre 10 a 20 millones de guaraníes (salario base, pero duplicado con los beneficios) se cree que la solución “salomónica” es permitir la salida de los antiguos que ya están aburguesados por la antigüedad y el viejo esquema.
La mayoría de los empleados jóvenes y concursados piensan que si se eliminan los groseros salarios “por encima del presidente”, contemplados en los CCCT de los nueve sindicatos, se podría llegar a una especie de “pacto social”. Beneficios como la ayuda habitacional, seguro vip a los padres y educación privada a hijos hasta los 23 años, etc., son desconocidos por los nuevos. En resumen, ¿por qué cargar la pesada mochila de los antiguos, y a la vez tan criticada por la población, si los jóvenes concursados ya no tienen nada dentro de ella?
Para fortalecer las ideas de esta serie hicimos un trabajo simple, pusimos a la izquierda el Tratado de Itaipú y a la derecha la Constitución Nacional. Luego “unimos con flecha” y se obtuvo un prometedor proyecto de Ley. También usamos las tablas salariales en Exel y las filtramos por niveles, junto con los balances oficiales. ¡Nos dieron cifras notables que las iremos publicando! Se demostrará científica y constitucionalmente que la Itaipú no es un principado y que sus empleados supernumerarios y bien rentados, también son servidores públicos. El argumento principal: la mitad de las aguas y del patrimonio de Itaipú es del Estado paraguayo.
Un cálculo preliminar muy básico nos demostró que podemos ahorrar y enviar al PGN, por lo menos, unos US$ 100 millones anuales desde la Itaipú. Los 3.000 millones de guaraníes “donados” obligatoriamente por los empleados para combatir la pandemia se agradece, pero son migajas comparados con lo que se puede lograr definitivamente aplicando la ley. Los legisladores, aquellos que no forman parte de los negociados de la cuarentena, tendrán una oportunidad de igualar a todos los habitantes del Paraguay y eliminar la famosa “caja chica” de los gobernantes de turno.
(*) Exasesor de la Dirección general paraguaya del 2008 al 2012