Era corriente, común en el país la violencia intrafamiliar. Estamos acostumbradas a que en Paraguay existan muy poquitos servicios de atención para la prevención, para la atención y para la sanción de los casos de violencia de género hacia mujeres y niñas. No es que se presentan otras características con la pandemia, sino que se desnuda una situación de total precariedad y total desinterés desde el Estado para poder tener mayores servicios de atención. En todo caso, la pandemia lo agrava, sostiene Myrian González Vera, investigadora social y directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE).
“Los pocos servicios de atención que existen, están muy centralizados en Asunción y en algunas cabeceras departamentales. Entonces, esa es una de las primeras cuestiones que decir en el contexto de covid-19. ¿Cómo puede recibir ayuda una mujer en encierro cuando está lejos de los servicios?”
–¿Qué medidas toma el Estado o el Ministerio de la Mujer o la Fiscalía en este contexto?
–Hasta donde tenemos información, lo que se hizo fue una campaña para visibilizar y concientizar, o sensibilizar más bien, sobre la situación de violencia en las casas y en las familias en un contexto de aislamiento. ¿Cuál fue la actuación? Decir: “Miren, pongamos los ojos aquí porque este aislamiento puede agravar la situación de las mujeres y niñas principalmente en sus casas y familias”.
–¿Hubo más casos de violencia?
–Es muy difícil cuantificar exactamente con evidencias estadísticas, pero sin dudas han crecido los números en el contexto de la cuarentena, no solo en Paraguay, sino en toda la región. Según datos previstos por el Ministerio Público, se advierte cierto aumento de las cifras en causas ingresadas en Fiscalía de casos de violencia familiar. En los cuatro primeros meses del año, se reportaron 8.620 denuncias, en comparación al año anterior que contabilizó alrededor de 8.200 en el mismo periodo (enero a abril). No obstante, son números que no muestran la realidad, porque si en situaciones de cierta normalidad ya es difícil en Paraguay denunciar los casos de violencia, por múltiples factores, en contexto de aislamiento, ¿cómo va a ser posible que se pueda denunciar? ¡Es mucho más difícil! Entonces, otro aspecto que se agrava con la pandemia es la posibilidad de denunciar.
Es importante aclarar que estos datos solo se refieren a causas ingresadas al Ministerio Público por violencia familiar, maltratos físicos y psicológicos en el ámbito familiar, según establece el artículo 229 del Código Penal, es decir, a estos números hay que sumarles los casos de violaciones, amenazas, abusos sexuales y por supuesto los feminicidios.
–¿Cuáles son los datos que se disponen sobre abusos sexuales?
–El Ministerio Público informó que hubo alrededor de 985 casos de abuso sexual infantil entre enero y abril de este año. Si se compara con 2019 que registró 2.835 casos en todo el año (en promedio 7 casos por día), este año se denunció en promedio 8 casos por día. Reitero también que a estos números hay que sumarles los casos no denunciados para dimensionar mejor el grave problema que afecta a niñas, niños y adolescentes en Paraguay.
–¿Cuáles son las medidas que el Estado podría tomar en este contexto de covid-19?
–Es difícil pensar que se pueden mejorar los servicios públicos de la noche a la mañana. Sin embargo, podemos permitirnos ser pretenciosas, considero que quizá una manera de poder atacar el tema de la violencia hacia mujeres y niñas, bajar esos números tan escandalosos, es intervenir con servicios específicos en las instituciones que ya existen. Siempre pensé que las Unidades de Salud Familiar (USF) podrían incorporar el componente del derecho a vivir una vida libre de violencia y hacer el seguimiento de las familias, así como se hace con la hipertensión, desnutrición y otros problemas de salud; también los hospitales y centros de salud que son más cercanos a la población y existen en todo el país.
Actualmente, cuando una persona tiene un caso de violencia familiar piensa que solamente puede recurrir al Ministerio de la Mujer, a la Policía o al Juzgado de Paz. Entonces, si nos preguntamos ¿qué podría haber hecho el Estado?, podemos decir que en primer lugar se precisa de una fuerte voluntad política para reconocer que la violencia de género, doméstica e intrafamiliar, es resultado de las profundas desigualdades históricas que sufren las mujeres.
Lo que ocurre con las mujeres es que para protegerse se encierran en sí mismas para evitar la ira de la pareja y se desgastan en su salud mental. Lo que vamos a tener en este contexto, probablemente, más que un aumento de denuncia, es un aumento del deterioro de la salud mental de las mujeres cuando termine la pandemia, por el aislamiento, por el encierro, por el callarse, por el aguantar, por el soportar. Para mí que esos son los aspectos que podemos mirar hacia el futuro: el Estado debería abordar un soporte a la atención de la salud mental de las mujeres.
–¿Qué le pareció la actuación del Ministerio de la Mujer durante este tiempo?
–El Ministerio de la Mujer enfrenta una situación bastante compleja con respecto a su función. Es cierto que para poder mover cosas, mejorar, ampliar los servicios de atención, mejorar las campañas, se necesitan, en primer lugar, una voluntad política y creo que existe relativamente en el Ministerio de la Mujer, que hizo como parte de su función, o como parte de su rol, el poder dar visibilidad, interesarse por los asuntos de las mujeres desde una perspectiva de género, pero eso lastimosamente, queda, muchísimas veces solo en el discurso. Queda en los planes y en los programas escritos, pero no siempre se llevan a la práctica.
Le falta todavía un componente de voluntad política de reconocer que estas discriminaciones y estas desigualdades que sufren las mujeres tienen una raíz cultural patriarcal. El Ministerio de la Mujer no tiene recursos, como es una entidad rectora, no tiene presupuesto para llevar adelante políticas de gran envergadura; más aún para el año 2020, se le recortó el presupuesto.
¿Quién es Myriam González?
Myrian González Vera es de formación comunicadora, desde hace unos años se ha volcado a la antropología. Es feminista y desde hace cerca de treinta años trabaja en distintos temas referidos a la igualdad y la no discriminación y los derechos de las mujeres. De entre estos temas se ocupa de dar seguimiento a la situación de la violencia de género hacia mujeres y niñas y redacta este capítulo anual para el Informe Derechos Humanos en Paraguay. Autora de numerosas publicaciones sobre memorias colectivas, temas de género, violencia, cuidados y políticas públicas.