Los fiscales Jorge Arce, Diego Arzamendia, Natalia Fúster, interinos, ratificaron la acusación contra el político colorado y la entonces jefa municipal, en la causa que investiga una supuesta lesión de confianza por el desvío de G. 1.200 millones del municipio de Ciudad del Este para la campaña electoral en los años 2015 y 2017.
Sin embargo, durante la investigación se detectó que el presunto perjuicio causado por el “clan ZI” a la comuna, mediante el pago de servicios no contemplados en las licitaciones públicas y en los contratos suscritos con la firma “Frontera Producciones” de Carlos Darío Bordón Bottino, en concepto de propaganda y publicidad institucional, oscila en 3.700 millones de guaraníes.
A causa de esto, presentaron una nueva acusación por lesión de confianza y solicitaron que la exintendenta, su marido parlamentario por la ANR y otros ocho acusados vayan a juicio oral y público, por el millonario desvío de los recursos municipales.
Según la investigación, el clan utilizó dinero que debía estar destinado al pago de publicidad y comunicación institucional, para propaganda política y posicionar la imagen de Zacarías Irún, así como otros servicios no contemplados en el contrato.
Esquema de robo
La acusación indica que Zacarías Irún, como asesor ad honorem del municipio de CDE entre los años 2014 y 2018, instigó a McLeod, al licenciado David Espínola Osorio, director de Administración y Finanzas, y a Juan Domingo Sanabria Notario, jefe de prensa, a realizar pagos de servicios y gastos que no estaban contemplados en los contratos suscritos con “Frontera Producciones”, de Carlos Bordón Bottino, con el rubro destinado a propaganda y publicidad institucional.
Según la pesquisa, el senador colorado conocía perfectamente que los pagos eran destinados a cuestiones ajenas a la Municipalidad, ya que instigaba a Sanabria para que logre que las respuestas a los pedidos de informes a los medios de comunicación solicitados por el Ministerio Público, en el marco de la presente causa, sean favorables a sus intereses, y así ocultar el verdadero destino de dichos fondos.
Facturas llevaron a nueva imputación
Luego de presentar la acusación por supuesta lesión de confianza por G. 1.200 millones, la fiscala original de la causa que investiga al “Clan ZI”, Josefina Aghemo, pudo acceder a las facturas del municipio de Ciudad del Este, correspondientes al 2017, que estaban depositadas en el Tribunal de Cuentas.
Tras analizar los documentos, la agente constató que el daño patrimonial, supuestamente ocasionado por la exintendenta Sandra McLeod y el senador Javier Zacarías Irún es más del 200 por ciento del monto que en principio sospechó la Fiscalía.
Atendiendo los nuevos elementos, Aghemo presentó una nueva imputación contra la pareja y, debido a su recusación, los agentes interinos presentaron otra acusación por G. 2.488.546.059.