El Senado dio ayer entrada, trató sobre tablas y aceptó sin mucho debate el veto del Poder Ejecutivo a las modificaciones a la ley que reglamenta la obligación de los funcionarios de presentar declaración jurada de bienes y rentas.
Con la aceptación del veto por parte del Senado, la ley será archivada, sin importar la decisión de la Cámara de Diputados. Esto se debe a que la Constitución establece que para rechazar un veto del Ejecutivo y obligar a su promulgación, ambas cámaras deben coincidir en el rechazo por mayoría absoluta de votos.
La cuestionada norma, con las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados, disponía que todas las declaraciones juradas eran válidas, por más que contuvieran “errores” u “omisiones”, además de disponer expresamente que la falsedad de las mismas solamente eran consideradas errores administrativos y no podían ser motivo de un proceso penal, como es actualmente.
La falta de discusión sobre el veto fue porque ningún senador defendía la vigencia de la ley tal como fue sancionada en la Cámara Baja.
El senador Stephan Rasmussen (PQ) se refirió a que los diputados bastardearon el proyecto original que apuntaba a la transparencia en las instituciones.
La senadora Desirée Masi (PDP) dijo que los diputados que remitieron una nota a la Corte, intentando evitar la publicidad de las declaraciones juradas, violaron la Constitución y la separación de los poderes.