La Cámara Baja incluyó en el orden del día de la sesión de hoy convocada para las 09:00, el Protocolo Adicional al Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur. El documento cuenta con dictamen en mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
De sancionarse y promulgarse, el protocolo regirá recién a partir del 2023 en adelante. Con la eliminación de la elección de los 18 representantes ante el Parlasur se busca que diputados y senadores sean designados como representantes para evitar tener que financiar salarios y otros gastos anuales innecesarios.
Actualmente, el presupuesto del Parlasur es de G. 17.200 millones, dinero que podría ser destinado a atender áreas de prioridad como salud y educación. El proyecto de ley vence a finales de junio.
Los parlamentarios del Mercosur sesionan aproximadamente siete veces año y las decisiones que toman no son vinculantes para nuestro país. Mantener a los asesores y los gastos del Parlasur desangra cada vez más al Estado.
Los 18 parlasurianos gozan de los mismos privilegios que tienen los diputados y senadores. Tienen equiparados sus sueldos, seguro médico, jubilación vip y combustibles entre otros.
Seguro médico
La seguridad médica privada de los 18 parlasurianos le cuesta al contribuyente G. 216 millones, según un informe de Hacienda. Mientras que en combustible se ahorraría G. 1.188 millones, dinero anual que se distribuye en G. 5.500.000 en cupos de gasoíl para cada parlasuriano, pese a que tienen su sede en Uruguay, y se movilizan en avión.
Los diputados retrasan la definición, pese a que cuentan con el visto bueno no sólo del Ejecutivo sino de la comisión de Asuntos Constitucionales, que ya se pronunció a favor.