El Ministerio de Salud Pública primero pagó y después se acordó de los documentos. Así lo revela material al que tuvo acceso ABC Color con respecto a la compra irregular de insumos de bioseguridad de las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA, ambas pertenecientes a Justo Ferreira.
Esas dos firmas fueron adjudicadas para proveer productos por G. 85.000 millones a las apuradas y por el camino se cometieron varias irregularidades. El Ministerio de Salud Pública emitió cheques por G. 17.000 millones el 7 de abril en concepto de adelanto del 20% del contrato.
Curiosamente, cuando la cartera publicó en la página web de Contrataciones Públicas el proceso de licitación, había establecido que no se pagaría adelanto alguno. Algo que se modificó al momento de la firma del contrato.
Tanto fue que el adelanto no estuvo previsto originalmente que el Ministerio de Salud Pública tuvo que pedir a Contrataciones Públicas incluir ese concepto ocho días después de haber emitido el pago.
El 15 de abril, ocho días después de haber realizado los pagos, Salud Pública solicitó a Contrataciones Públicas cambiar el 0% que aparecía en la casilla correspondiente al adelanto por un 20%, algo que para entonces ya habían pagado a las firmas de Ferreira.
Quieren anular contrato
Los representantes de las empresas de Justo Ferreira insisten ahora en que el Ministerio de Salud Pública no debería rescindir el contrato firmado con Eurotec e Imedic, sino anular el proceso.
Con esto se buscaría llevar a “foja cero” el proceso licitatorio y las firmas buscarían devolver el dinero.
Sin embargo, más allá de la devolución del dinero, la anulación del contrato implicaría varias cuestiones más. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública no podría ejecutar la póliza de fiel cumplimiento sobre el monto total del contrato firmado con Eurotec e Imedic, a cargo de la firma Patria SA de Seguros.
Las empresas del clan Ferreira evitarían también posibles sanciones por parte de Contrataciones Públicas debido al incumplimiento contractual y finalmente se evitarían responsabilidades penales en caso de que se constate daño patrimonial.