–Diesel, ¿de qué origen es?
–Alemán, del sur de Itapúa: Hohenau y Obligado. Mis abuelos y mis padres eran comerciantes. Hablaban todavía alemán. Lamentablemente yo no lo hablo. Soy el mayor de cuatro hermanos. En el cuarto grado ya vine a Asunción para entrar al Goethe Schule como todos los hijos de inmigrantes alemanes. Venía del colegio San Blas de Obligado. Enseguida enganché con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Fui atleta tanto en el colegio como en la universidad.
–En los tiempos de los Juegos Universitarios...
–Sí, de los “glamorosos” Juegos Universitarios.
–Y ¿cómo le fue?
–Rompí el récord que estaba vigente hasta ese momento en salto largo. Ahora voy a tener que dejar la práctica de fútbol (sonríe). Tengo que renunciar al Tribunal de Justicia Deportiva.
–¿Cuál fue el caso más sonado que le tocó fallar ahí?
–El caso Gabriel González, cuando le agredió al árbitro Benito Lugo (31 de agosto de 2001).
–Lo suspendieron de por vida.
–Fue todo muy claro: un golpe muy bien dado.
–Y totalmente fotografiado y filmado.
–Antes de esa jugada ya había cometido otras infracciones. Yo vi ese partido con mi padre. Yo le decía: “qué le estará pasando a este muchacho”. Estaba muy nervioso. Al poco tiempo, se desquició.
–¿Su especialidad cuál es?
–Hace 40 años que hago civil. Me formé jurídicamente en dos estudios de gente que conocía mucho el derecho. Uno de ellos es el doctor Marcelino Gauto, un gran conocedor del derecho. Escribió unos libros fantásticos sobre “Obligaciones, Hechos y Actos Jurídicos”, de uso ordinario en el ejercicio de la profesión. También me formé con el doctor Juan Manuel Morales en el área laboral.
–Como civilista, ¿cómo se ve desde la cima del Poder Judicial?
–Va a ser un cambio sustancial. Toda la vida he sido un proponente de justicia. Ahora tengo que ser árbitro. Son dos posiciones diferentes. Para mí fue el último tren. Consulté mucho con los miembros de mi familia, mi esposa, tengo dos hijos abogados, una diseñadora industrial, la última está estudiando. Tengo seis nietos. Me presenté porque creo tener la capacidad, la experiencia, la carga de conocimientos necesarios.
–¿Hace falta golpear puertas de los políticos influyentes, de autoridades claves para llegar?
–Tiene que haber voluntades políticas para llegar. Finalmente, el Poder Judicial es un poder del Estado integrado por personas seleccionadas por el Senado, un poder político por excelencia y por el Poder Ejecutivo que tiene que dar su acuerdo. Necesariamente tiene que haber una conjunción de ambos poderes para que alguien pueda acceder por las razones que fueren. Si no hay conjunción, si no hay consenso, no se llega. Es así. Hay algunos que estuvieron en el umbral y no fueron...
–El doctor Linneo Ynsfrán, vetado por el Ejecutivo.
–Lamentablemente no llegó por alguna discrepancia, de alguna razón de orden político. Lo cierto es que no consiguió el acuerdo del Ejecutivo como pide la Constitución. Tiene que haber conjunción política. Y eso pasa acá y en Estados Unidos.
–¿Qué le responde a los que lo señalan como apadrinado del vicepresidente (Hugo Velázquez), del movimiento Añetete?
–Yo creo que evidentemente en el Senado y el Poder Judicial, el perfil que yo tenía probablemente haya sido del agrado de las personas que estaban ahí. Yo fui miembro del Consejo de la Magistratura. Yo hacía ese trabajo también. A mí me tocó elegir ministros y aún fiscal general del Estado para ponerlos en terna. Por mi propia experiencia le digo: por encima de la capacidad técnica que tienen los postulantes, los que eligen quieren saber también qué hizo esa persona en su trayectoria, cómo se comportó en la vida para determinar si tiene la carrocería como para ocupar un cargo. Cuando fundamos la Escuela Judicial bajo la presidencia del doctor Callizo, los expertos franceses nos decían: “hay que saber qué perfil tiene el postulante para ubicarlo”. Un gran juez de primera instancia puede ser un pésimo magistrado porque tiene que aprender a trabajar en equipo, a revisar opiniones, congeniar con los pares...
–Al final, ¿uno no termina debiéndole finezas a la gente?
–La gente confía en uno. Por eso toma la decisión. Y mire que en este caso no son pocos. Son muchos los que votan y deciden. Además, los favores absolutos ya no existen. Se pide lo que corresponde que se haga
–¿La corrupción judicial?
–Se debe fortalecer la Superintendencia en los asuntos internos con auditorías internas de gestión. Ante un brote de corrupción es posible de esa manera una reacción desde adentro sin esperar denuncias de terceros. Incluso podría ser preventivo y aleatorio. Creo igualmente que con ello se podría corregir la mora judicial. El accionar de la Corte por eso debe ser impecable, debe ser honesto. Posiblemente así el resto del cuerpo siga su ejemplo. Nadie puede estar exento de control en sus funciones.
–Mucha gente cree, y hasta está convencida, de que ciertos jueces y fiscales hacen de cobertura de delincuentes, o por inoperantes o por cómplices, acaudalados de la noche a la mañana y que incluso ostentan sus bienes malhabidos.
–Cada caso merece ser estudiado. Es cierto que hay de repente ostentación de fortunas inexplicables. Hay que llamarlo al sospechado y que explique. La exagerada ostentación merece ser revisada. Pero insisto. La Superintendencia debería tener una sección que realice las investigaciones a la interna del Poder Judicial sobre el comportamiento económico de los magistrados y jueces. Si hay corrupción, ponerlos a disposición de los organismos correspondientes. La cuestión es reaccionar desde adentro, no esperar que vengan desde afuera.
–Cuando ejercía su profesión de civilista, ¿qué es lo que ansiaba cambiar si llegaba a ministro?
–Tenemos problemas de garantías como hipoteca o prenda que se han venido desvirtuando y que hace falta corregir. Hace falta corregir algunos fallos que se dieron con relación a la vigencia o caducidad de garantías en el mundo jurídico. Eso afecta el mundo societario, el mundo financiero.
–Se dice muchas veces que este poder está conectado a un sistema paquidérmico del Estado motor de desigualdad con su desorden y despilfarro. Se favorece al influyente y se castiga al desamparado.
–La desigualdad ante la justicia se ha reducido mucho con el fortalecimiento de la Defensoría Pública. Es la que se encarga de la defensa de los desprotegidos sociales. El Poder Judicial debería revisar y mirar un poco más qué tipo de defensa está teniendo el acusado o el demandado, de manera de poder ver cómo ponerlo en un pie de igualdad, pero el juez no tiene la posibilidad de asumir posición más que el del justo equilibrio, en el medio. No debe tomar posición en ese sentido. Mucha gente confunde. La Defensoría y la Fiscalía no son parte del Poder Judicial. Son los que deberían proponer las investigaciones, aportar las pruebas y apurar una definición para el influyente o en su contra. El problema de Poder Judicial es si es moroso o no es moroso.
–Los abogados suelen decir con ironía que el código penal está hecho para que el pobre no le robe al influyente y el civil para que el influyente robe impunemente.
–Yo creo que los códigos están bien formulados. Lo que pasa muchas veces es que el desposeído tiene un problema de conocimiento y de asesoría que conspira en contra de su actuación desde el inicio del negocio jurídico o desde el delito. Es un problema que debe analizarse probablemente de una revisión global del problema de la justicia en general, que engloba al Poder Judicial, al Ministerio Público y la Defensa Pública. Cada uno tiene su rol.
–¿Cómo se reduce la usura?
–Hay unos topes legales que están establecidos. Este tipo de problemas no llega a tribunales generalmente. Son problemas marginales de nuestra sociedad. La usura es un problema serio en nuestro país que debería ser encarado desde el punto de vista de los controles administrativos de manera a poder saber qué está ocurriendo realmente en el mercado financiero. Se formalizó mucho la economía marginal con las tarjetas de crédito. Sin embargo, el margen de los intereses ha sido muy alto.
–Dónde hay que apretar la clavija para que no se produzcan estos fraudes y robos tan escandalosos?
–En los controles, las fiscalizaciones. Es la única manera. Gracias a que el sistema hoy día está sólido, no tenemos desastres económicos. Este paro tan largo por la pandemia va a exigir un oxígeno crediticio muy importante para la reactivación económica.
–¿Y la penalización? Es fácil que el acusado por fraude vaya seis meses a la cárcel. ¿No hay forma de golpearlo en el bolsillo como ellos hacen con sus víctimas?
–Hay penas carcelarias para la usura. Debería recurrirse a una reforma legal si eso es lo que se quiere como una sanción adicional. Como le decía, la usura generalmente se realiza al margen de las normas legales.
–¿Cuál es su concepto de la reforma? El Estado gasta el 70% de sus ingresos en el pago de sueldos. Con esta pandemia afloran los fatos. Cada uno quiere su tajada...
–Es realmente inadmisible. Yo creo que hay que hacer una investigación seria de cada caso de denuncia y atacar lo que fue realmente un intento de estafa. Hay que castigar y si fue una denuncia falsa reivindicar al acusado, pero hay que ser muy serios en este tema. La seriedad es lo que debe caracterizar a la justicia. Esta pandemia nos impuso esa costumbre y creo que es muy sana: ordenarnos, tomar distancia, ser serios. En cuanto a la reforma, hay que racionalizar el uso de los fondos del Estado, establecer topes, eliminar privilegios sin que suponga afectar decididamente el funcionamiento del Estado.
–Hay muchos hatters...
–Sí, especialistas del odio que tiran sus cosas de odio en las redes. Hay que tomar con seriedad y responsabilidad cada investigación. Parece que está subyacente alguna guerra que no conocemos. Por eso no hay que sacar conclusiones apresuradas. Hay que revisar cada caso. Lo que es serio o lo que es una estafa hay que castigar con todo el rigor de la ley. Lo que no fue hay que reivindicar. No podemos usarlo como elemento para hundir a la competencia. Muchas veces vienen disfrazados los temas. Pero es criminal absoluto usar la pandemia para hacer negociados.