La titular de la Junta Municipal, Deolinda Franco de Velaztiquí (Unace), dispuso la suspensión de la sesión. Sostuvo que la ciudadanía motivada por algunos políticos –sin especificar el sector– se está organizando para realizar una manifestación.
Agregó que la Junta no posee comodidades para el resguardo de la integridad de los concejales y consideró imposible realizar una sesión con la presencia de varias personas. Dijo también que no tienen infraestructura para cumplir las restricciones previstas por el Decreto Presidencial y la Emergencia Sanitaria. Algunos concejales, quienes prefirieron no identificarse, advirtieron que suspendiendo la sesión no se va a lograr apaciguar la indignación ciudadana.
Indicaron que los contribuyentes ya cuestionaban la administración del intendente Óscar Alfonzo (ANR), denunciado por un supuesto faltante de unos G. 500 millones y pese a ello se aprobó el balance de 2019.
Sostienen que la situación se agravó porque el concejal imputado es uno de los que aprobó el balance y ahora es procesado por posible tentativa de homicidio, frustración a la persecución penal y violación de la cuarentena sanitaria.
La Junta Municipal debe expedirse sobre el caso del concejal imputado, si corresponde darle permiso, o su expulsión y que a través de su representante legal que realice los descargos correspondientes.
En su reemplazo asumiría el primer concejal cartista, Ángel Ramón Figueredo (ANR).