La Opaci, cuya titular es la intendenta de Ybycuí Carmen Benítez (ANR, cartista), esposa del acusado diputado Tomás Rivas (ANR, cartista), continúa impunemente actuando como una asociación privada de intendencias, que obtiene fondos del pago que hacen los contribuyentes municipales en varios conceptos: marcación anual de los registros de conducir, inspección técnica vehicular (ITV) y transferencia de inmuebles y créditos.
Del 2007 al 2015 fue manejada por el clan colorado cartista Núñez de la ciudad de Villa Hayes y en los últimos años por el matrimonio Benítez-Rivas, también cartista.
Del 2011 al 2015 la Opaci recaudó G. 182.000 millones (US$ 30 millones). Con este dinero se podrían construir 30 hospitales de contingencia de lucha contra el covid-19 (ver la infografía).
A modo de ejemplo, renovar un registro de conducción en Asunción cuesta G. 21.462, de los cuales G. 10.000 van directamente para la Opaci. Hasta el 2016 este ente incluso “cobraba” al contribuyente G. 20.000 directos, pero redujo la cifra ante el escándalo desatado.
La Opaci también se embolsilla millonarias cifras de cada municipio y cada contribuyente que transfiera o venda un inmueble. En 2017 el gobierno de Horacio Cartes vetó la ley que anulaba su recaudación de licencias de conducir en defensa de sus correligionarios. La Contraloría tampoco audita.
Por los royalties
En un principio, el Poder Ejecutivo propuso transferir a Salud Pública el 50% de todos los royalties que reciben los municipios.
Sin embargo, la Opaci intercedió ante el presidente Mario Abdo Benítez para repartir el 40% del fondo en alimentos, otro 40% en gastos corrientes (pagos y salarios) y el restante 20% en gastos de capital (inversiones y obras). Esa fue la versión que finalmente sancionó el Congreso Nacional.