Ambos están acusados por un perjuicio patrimonial de G. 1.224 millones a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) entre los meses de mayo y diciembre del 2009, aprovechando un decreto que declaró estado de emergencia nacional debido a las inundaciones.
La primera imputación contra Soares, ex titular de la SEN, fue presentada por el entonces fiscal y actual ministro de Senad Arnaldo Giuzzio en abril de 2010. Posteriormente la acusación fiscal fue sustentada por la fiscala Victoria Acuña. Este caso fue conocido como “coquitos de oro”, debido a que Soares ordenó la compra del kilo de coquito a nada menos que G. 9.000.
Según el expediente, el primer daño patrimonial a la SEN se produjo con la compra de panificados por G. 281.309.600, entre el 29 de mayo y el 16 de diciembre de 2009.
Se pagó a la proveedora Orion Group nada menos que G. 9.074 el kilo de coquito, siendo que otra empresa (Don Raúl) ofertó G. 4.530 por cada kilo.
Asimismo, el Ministerio Público asegura que la segunda compra directa sobrevaluada se realizó entre el 21 y 24 de diciembre de 2009 con la adquisición de productos de primera necesidad como fideos, arroz, yerba, entre otros, con lo que se causó un perjuicio de G. 943.000.000. Además se detectó el esquema de triangulación debido a que la firmas adjudicadas en realidad eran intermediarias.
La sucesora de Soares en la SEN Gladys Cardozo fue absuelta en mayo de 2019. Cardozo fue imputada junto a los funcionarios Blanca López Troche y Aníbal María Benítez, este último exdirector de Contrataciones. En la misma causa fue imputado el exdirector de la SEN Aldo Vera, quien llegó a ser diputado por Avanza País.
En este caso la acusación presentada por el fiscal Aldo Cantero sostiene que estas personas ocasionaron al Estado un perjuicio de más de G. 300 millones mediante la adquisición de productos con valor muy superior al del mercado. Fue en el 2012, durante la emergencia por sequía.