“¿Por qué van a ser privadas (las declaraciones juradas) si el funcionario es elegido por el pueblo o designado para ocupar un cargo público?”, cuestionó el exsenador colorado y abogado constitucionalista Hugo Estigarribia Gutiérrez.
El jurisconsulto señaló que el artículo 28 de la Constitución Nacional y la Ley 5282, De Acceso a la Información Pública, precisamente lo que busca es permitir a la ciudadanía obtener datos sobre la forma en la que se maneja el dinero que es obtenido de los impuestos que paga.
“Es muy importante que la ciudadanía conozca la situación patrimonial desde el momento en el que una persona es electa o es designada y asume. Vemos gente que entra pobre a la función pública y sale millonaria sin explicación alguna”, agregó
Estigarribia manifestó que claramente existe el derecho a la privacidad, garantizado también en la Constitución Nacional, pero que ese derecho se reduce para quienes optan por el servicio público.
“Desde el momento en el que ya sos funcionario, sos una persona que decide someterse al escrutinio público”, agregó.
El abogado constitucionalista coincidió en ese sentido con las sentencias del juez Rubén Riquelme y del Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción que fallaron a favor de la entrega de las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.
Ayuda al control ciudadano
“Lo que se buscó cuando se establecieron las declaraciones juradas era poner a disposición de las instituciones y la ciudadanía herramientas para controlar a los funcionarios. Que esos documentos sean de acceso libre para la ciudadanía va a permitir que existan más herramientas de control”, puntualizó el exlegislador.
“No existe ningún impedimento constitucional, al contrario totalmente. La persona que entra a la esfera pública debe estar sometida a la opinión pública. Obviamente hay datos que se tienen que proteger, pero en general se debe dar a conocer”, agregó.
Dijo enfáticamente que la excusa de la seguridad no puede ser utilizada y recordó que fue la misma justificación que daban años atrás quienes no querían que los salarios se hicieran públicos.
De la mano con otras leyes
“Es muy importante porque esto va de la mano con la ley de Financiamiento Político. Hay un viejo principio que dice que hay que seguir el dinero y hay que seguir desde que se elige hasta que sale”, agregó.
“Entonces se sigue al dinero a través de la ley de financiamiento y también de las declaraciones juradas”, puntualizó. “Desde el momento que sos funcionario público, estás sometido al escrutinio público. Si no, no elijas”, finalizó.
La Corte debe definir el caso
La Corte Suprema de Justicia debe definir si ratifica o no las sentencias que ordenaron a la Contraloría General de la República a hacer públicas las Declaraciones Juradas de las más altas autoridades de la República.
El viernes se dieron los nombres de los magistrados que estudiarán la acción planteada por el excontralor Enrique García para no cumplir con los fallos.
La sala fue ampliada al pleno de la máxima instancia judicial y quedó conformada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Gladys Bareiro de Módica. A ellos se suman los magistrados Óscar Paiva Valdovinos, Valentina Núñez, Marcos Riera Hunter y Juan Carlos Paredes. Los últimos 4 son miembros de Tribunales de Apelación en lo Civil.
Se espera resolución en un par de días más.