El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, retiró el 2 de diciembre pasado del Congreso Nacional el proyecto de ley que aprueba el Tratado de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información pública en materia ambiental.
El canciller Antonio Rivas Palacios informó que el retiro es con el objetivo de analizar el texto ante los reclamos de los sectores que se oponen. El arzobispo de Asunción, Mons. Edmundo Valenzuela, denunció en su momento que el acuerdo permitirá legalizar cuestiones como el aborto y la “ideología de género”.
El acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Este acuerdo materializa el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que menciona: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. Toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas”.
Igualmente, es un acuerdo que busca garantizar la protección de “personas o grupos en situación de vulnerabilidad” y a los “defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.
Este lunes último, el canciller Rivas se reunió en la sede de la Cancillería con autoridades de la Iglesia Católica, con miembros de grupos evangélicos y de organizaciones ‘pro vida’, a quienes aclaró que los acuerdos Escazú y de Nairobi no implican que el Paraguay acepte el aborto, el matrimonio gay o la eutanasia.
De acuerdo a los datos oficiales, la Cancillería seguirá el proceso de ronda de consultas en el cual estarán invitados representantes del sector público, privado, sociedad civil y organizaciones gubernamentales. La idea es escuchar a todos los sectores, señaló la fuente. A inicios de marzo del 2020, tras el receso parlamentario, el Ejecutivo analizará si reenvía el acuerdo al Senado.
Por su parte, el arzobispo Edmundo Valenzuela admitió que expresaron sus preocupaciones debido a que desconocían si los referidos acuerdos aceptaban otros pactos anteriores en sus “principios y declaraciones”. Valenzuela encabezó ayer una delegación integrada por la doctora Gladys Alegre y el Pastor Miguel Ortigoza, entre otros. “Se ha posibilitado el esclarecimiento de todos los temas que están detrás”, dijo.
Valenzuela señaló que las organizaciones ‘pro vida’ celebran que el Gobierno “hable el mismo lenguaje en defensa de la Constitución sobre la defensa a la vida desde la concepción, la familia y los derechos humanos”. “Fue un diálogo muy importante porque la misma preocupación de los grupos ‘pro vida’ es la misma de la Cancillería y del gobierno”, dijo el monseñor.
Expresó que, de todos modos, piden la instalación de una mesa de diálogo para seguir la discusión sobre derechos ambientales y de agricultura que plantean los acuerdo Escazú y Nairobi.
“Ayudará contra la ilegalidad”
El abogado ambientalista Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Idea), señaló que el referido acuerdo no frenará la producción sino que le dará valor social y fomentará el desarrollo sostenible bajo los tres pilares: económico, social y ambiental. “El acuerdo Escazú ayudará a evitar la ilegalidad ambiental porque en el Chaco, por ejemplo, los desmontes son 24% ilegales según el Infona”, refirió. Recordó la flagrancia en delitos ecológicos, como el caso del desmonte en Paso Bravo.