La intendenta Alba Acevedo dijo que la denuncia presentada ante el Ministerio Público por supuesto daño patrimonial de G. 1.300 millones de los recursos de la Municipalidad no tiene argumentos, porque en la Contraloría y el Ministerio de Hacienda está al día con las documentaciones.
La ejecución presupuestaria del 2017 y el 2018 de Acevedo no fue aprobada por la Junta Municipal por estar supuestamente viciada de irregularidades. Esto fue denunciado ante la Contraloría, que ignoró el reclamo. Tampoco prosperó el pedido de intervención porque los diputados “blanquearon” a la intendenta. Por esta razón, los concejales recurrieron esta vez a la Fiscalía.
El caso fue tomado por la agente Teresita Paredes, quien manifestó que en el transcurso de la semana convocará para declaración indagatoria y testifical a las partes. Adjudicaciones directas de obras por más de G. 1.000 millones y el no registro de ingresos son algunas de las supuestas irregularidades que le atribuyen a Acevedo.