Acevedo afirmó que el proyecto se basará siempre en establecer, entre otras cosas, en tener un mayor control civil sobre la Policía.
Una mayoría de diputados cartistas, liberales de varios sectores y el colorado abdista Ulises Quintana (acusado por vínculo con el narcotráfico en grado de cómplice) archivó el miércoles pasado el proyecto de ley que modifica la ley orgánica de la Policía. La propuesta legislativa archivada es una iniciativa del Ejecutivo.
Acevedo aseguró que el Ejecutivo va a volver a insistir con el proyecto de la reforma policial “por una cuestión conceptual y no por un capricho político, como quieren dar a entender”.
“Si nosotros decimos que queremos dotarle a la Policía de tecnología, de equipamiento, de seguridad jurídica; sin saneamiento moral no vamos a funcionar. Y el saneamiento moral se hace desde el punto de vista doctrinario, pedagógico, pero también desde el punto de vista de una estructura jurídica”, expresó Acevedo.
El ministro del Interior dijo que uno de sus compromisos con la ciudadanía es recuperar el honor y el prestigio de la Policía, pero que esta tarea no lo puede hacer “por la vía de la delincuencia interna”.
Acevedo dijo que conoce de la existencia de una mafia interna en la Policía. “Tenemos que hacer desaparecer las varias décadas (de vigencia) de la mafia interna (policial)”, enfatizó.
Aseguró que la actual cúpula policial es consciente y está decidida a hacer, por ejemplo, las promociones de los oficiales sin injerencias políticas y basada en resultados y la idoneidad de los uniformados.
El titular de Interior insistió en que la Policía es una institución que debe estar bajo control civil. “Finalmente la Policía no es un principado. La Policía está al servicio de la ciudadanía, y de eso la cúpula policial es absolutamente consciente”, manifestó.
Quintana debe bancar “consecuencias políticas”
Acevedo, consultado sobre el apoyo de Quintana al rechazo del proyecto de reforma policial, señaló que esa es una decisión política a nivel del Congreso en la que él no se puede meter. Pero dijo que el diputado abdista “va a tener que bancar las consecuencias políticas de su comportamiento”.
El proyecto de ley rechazado establecía un mayor control del ministro del Interior sobre la Policía y que los ascensos se hagan con base a concursos de méritos, inclusive el uso del detector de mentira para las promociones en altos rangos.