Ambos procesados presentaron apelación contra la resolución firmada el 21 de agosto pasado por el juez Gustavo Amarilla, quien rechazó los incidentes que presentaron los dos procesados. La intención del matrimonio Zacarías Irún-McLeod es llevar su caso de declaración falsa a la circunscripción judicial de Alto Paraná, alegando que al momento de falsear sus declaraciones ante la Contraloría General de la República, la maniobra se hizo de manera electrónica desde Ciudad del Este, donde residen. Por ende, el hecho investigado se produjo en Alto Paraná.
Sin embargo, la postura esgrimida por el juez es que si bien la declaración fue enviada desde Ciudad del Este por los hoy imputados, el documento ingresó a la Contraloría General de la República, cuya sede está en Asunción y, en consecuencia, no corría el pedido.
Eso fue apelado por los cartistas y ahora la Cámara de Apelación integrada por Carlos Ortiz Barrios, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander señala que “la declaración puede ser formulada en forma digital desde el lugar de destino de sus funciones, pero surten sus efectos o se consuman con la presentación de dicha declaración en el destino final, que es la sede de la Contraloría General de la República con sede en la capital del país”.
De esta manera, los camaristas confirmaron los argumentos del juez Amarilla y rechazaron los dos incidentes de excepción de incompetencia territorial.
El expediente debe volver al magistrado de la causa para que pueda citar al senador y a su esposa para la audiencia de imposición de medidas que está pendiente, debido a que ambos presentaron una serie de incidentes que hicieron que no se pueda hacer la diligencia.
Sandra McLeod ya fue citada dos veces y en ambas ocasiones la diligencia se suspendió por incidentes que su defensa presentó. El senador, tras ser desaforado, fue llamado por el juez y también se suspendió.
La denuncia periodística
Este caso se inició luego de que el diario ABC Color, a través de una investigación, descubrió que el senador Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, ambos cartistas, eran dueños de lujosos departamentos frente a las playas brasileñas y costosos vehículos que no figuraban en sus respectivas declaraciones de bienes públicas.
Mientras se iban publicando los bienes ocultos, los hoy imputados iban incluyéndolos en sus declaraciones en la Contraloría. La fiscalía lo tomó en cuenta para demostrar que mintieron en sus declaraciones.