A las 13:20 de ayer y a bordo de un avión de Iberia, en el vuelo IB 6012 que salió del aeropuerto de Carrasco (Montevideo), Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán huyeron una vez más de la justicia paraguaya, con salvoconducto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Juan Arrom viaja con documento “laissez-passer UN” (dejar pasar) número 021133 emitido por Finlandia; Martí se traslada con el mismo tipo de documento expedido por Naciones Unidas con el número FIN844335. En tanto, Colmán obtuvo cédula de identidad finlandesa con número FIN216162.
La fuga es atribuible a una completa ineptitud del Paraguay y al guiño cómplice del sistema uruguayo, señalan las fuentes.
El lunes 7 de octubre último, Enrique Falco –uno de los abogados uruguayos contratados por Paraguay– fue notificado acerca de que el juzgado penal del 34º turno había hecho lugar al pedido de refugio político de los tres prófugos mencionados y había dispuesto la inmediata libertad de ellos. Sin embargo, esta comunicación no impidió que los tres volvieran a burlar el control y escaparan una vez más.
Con el refugio y la libertad obtenida, consiguieron sus pasaportes finlandeses con los cuales abordaron el vuelo de dicha aerolínea española con destino a Madrid y conexión final a Helsinki (Finlandia). De acuerdo al vuelo abordado, debían llegar a Madrid hoy pasadas las 6:20 (hora española).
Según datos que se manejan, el juzgado penal del 34º turno de Montevideo, además de hacer lugar a la petición de refugio de Arrom, Martí y Colmán, denegó su extradición al Paraguay y, encima, levantó el arresto administrativo y dispuso la inmediata libertad de ellos.
Ese paso fue notificado el lunes último a Enrique Falco Iriondo, uno de los dos abogados uruguayos contratados por Paraguay; se desconoce qué hizo el gobierno paraguayo con la información que le fue comunicada al letrado.
El gobierno del Paraguay movió muchos recursos económicos en los últimos tiempos en un importante despliegue para hacer seguimiento a este escándalo político-judicial con ribetes diplomáticos.
El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y una comitiva, llegaron a viajar a Costa Rica para la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se discutió la demanda al Paraguay hecha por Arrom, Martí y Colmán.
Posteriormente, cuando los prófugos huyeron de Brasil al Uruguay, se desplegó otro frondoso equipo que estuvo liderado por el embajador paraguayo en tierras charrúas, Rogelio Benítez. Acompañaron en su momento el procurador general de la República, Sergio Coscia; el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y funcionarios del Ministerio del Interior; además del fiscal Federico Delfino, sus colegas Ricardo Merlo y Manuel Doldán (de Asuntos Internacionales).
El caso
María Edith Bordón de Debernardi fue secuestrada el viernes 16 de noviembre de 2001. Tras estar 64 días en cautiverio, fue liberada previo pago de uno de los rescates más elevados pagados en el país, que rondaba –según la familia— en un millón de dólares.
Testimonios de testigos y de la propia secuestrada que logró identificar a algunos de sus captores más la aparición de evidencias que ligaban a Juan Arrom, a Anuncio Martí y a Víctor Colmán hicieron que la Fiscalía decidiera llevarlos a juicio oral y público.
Cuando faltaba poco para el inicio del juicio oral y público, los tres acusados huyeron del país. Desde el 2003 estuvieron protegidos por el Brasil, de donde huyeron tras caer su condición de refugiados.
Vueltos a escapar de Brasil, solicitaron nuevamente refugio en Uruguay, lo que les fue concedido –y comunicado a los abogados contratados por Paraguay–.
De Uruguay, han vuelto a escapar hacia Finlandia, burlando uno de los dispositivos más costosos que haya desplegado el gobierno.