Enrique Caballero tiene 104 años de edad, es un veterano de la Guerra del Chaco. Vive en Acahay y recuerda como si aún existiera una sede de la Unión Paraguaya de Veteranos de la Guerra del Chaco (UPV Chaco) en la que solía reunirse con otros sobrevivientes. “Queremos que se quede para poder verla hasta morir”, dice Caballero sobre la sede. Sin embargo, la filial fue vendida en 2008 por autoridades de la organización, entre protestas de excombatientes y sus descendientes. El precio fue irrisorio, de solo G. 10 millones, pese a tener amplias dimensiones y una buena ubicación.
Este es solo un ejemplo de los conflictos surgidos en torno al manejo de más de medio centenar de inmuebles recibidos por la UPV Chaco como donaciones públicas y privadas entre las décadas de 1970 y 1990. Muchas se convirtieron en filiales, sitios en donde los veteranos se reunían periódicamente.
La UPV fue constituida en 1979 como asociación para brindar asistencia social y jurídica a los excombatientes. En principio, solo los veteranos eran socios, y para la venta de las filiales se necesitaba la aprobación de los presidentes de las mismas. Luego, las normas fueron cambiadas. Ahora prácticamente cualquier persona que ayude a la UPV Chaco puede convertirse en socio y ya no hay artículos que “cuiden” las filiales.
En el 2000 empezaron las ventas. Las transacciones despertaron indignación entre muchos veteranos y sus familiares, por lo que comenzaron a luchar contra ellas. Algunos de los excombatientes hasta se manifestaron en sillas de ruedas, como en el barrio Tacumbú de Asunción. Su voluntad era que los predios se utilizaran para la preservación de la memoria de la guerra, pero ese deseo no es respetado.
ABC Color reconstruyó la historia, que había pasado casi desapercibida hasta ahora, y la presenta en esta serie. Para ello consultó registros de propiedad inmobiliaria, visitó las propiedades, presentó peticiones de información al gobierno y entrevistó a veteranos de la Guerra del Chaco, a sus familiares y a vecinos y a autoridades de las zonas donde se encuentran los predios.
De acuerdo a una recopilación propia, se han presentado al menos 14 casos conflictivos en torno a la venta o la intención de transar las propiedades (Ver Info). Además, aún quedan 50 propiedades a nombre de la organización, repartidas en 25 ciudades, según datos proveídos por la Dirección Nacional de Catastro a inicios del 2019. Estas tuvieron un valor inicial de G. 1.221.315.111 (unos US$ 197.000). Para conocer el valor actual, tendría que considerarse una serie de variables como la ubicación y las dinámicas de compra y venta, explica Raúl Constantino, presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, por lo que no presentamos ese dato.
En cuanto a los predios vendidos, estos fueron adquiridos por el sector privado y por gobernaciones y municipios. Muchos han perdido la función que deseaban los veteranos. Incluso, en Fernando de la Mora, la Gobernación Central ha sacado el cartel referente a la guerra y ha puesto uno con la cara del gobernador. También hay predios abandonados o en litigios judiciales y en contados casos, como en Luque y Yaguarón, las autoridades municipales convirtieron el sitio en un museo. Algunas luchas por recuperar los predios aún persisten, como en Capiatá.
Las transacciones se realizaron en su mayoría entre los años 2000 y 2009 y fueron principalmente atribuidas a dos presidentes de la organización hoy fallecidos: Sila Estigarribia y Juan José Ríos. Las protestas de los excombatientes que estaban en contra aumentaron en el 2006. En coincidencia, surgieron evidencias de posibles irregularidades en la gestión de UPV Chaco sobre las contribuciones recibidas del Estado para los veteranos. Informes de la Contraloría General de la República (CGR) señalan que se carecía de documentación que respaldara el buen uso de asignaciones de fondos públicos.
En la edición de mañana, conozca más sobre “la segunda guerra” que han enfrentado los veteranos.
Unión cuenta con 97 socios
La UPV Chaco cuenta con 97 miembros. Entre los veteranos, todos son mayores de 100 años. En el último lustro se aceleró el ritmo de las muertes según datos del Ministerio de Defensa solicitados para este trabajo. La cartera hace un aporte mensual a cada excombatiente, de acuerdo a la Ley N° 6258/2019. La contribución es de G. 6.747.200 en concepto de pensión, subsidio y asistencia social.
Durante varias semanas intentamos conocer si el Ministerio de Defensa ha considerado proponer alguna fórmula para atender el tema. Sin embargo, desde la oficina de comunicación se limitaron a indicar que la unión funciona de manera independiente, por lo que optan por no emitir opinión o postura alguna sobre las ventas de sedes.
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