El estudio de correspondencia de bienes del presidente Mario Abdo Benítez, del vicepresidente Hugo Velázquez, de los ministros y otras autoridades del Ejecutivo serán remitidos al Senado en octubre. Se mencionan específicamente unos 48 exámenes.
Luego el trabajo continuará con el análisis de correspondencia de las declaraciones juradas de senadores, diputados y miembros del Parlasur. Posteriormente, el estudio alcanzará a los documentos entregados por los ministros de la Corte, los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, fiscal general, fiscales, miembros del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, defensora general y defensores públicos, síndico general de quiebras y los jueces del Poder Judicial.
Después se examinarán las declaraciones del defensor del pueblo, la presidenta de la Comisión de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, presidente del Banco Central del Paraguay, directores de los entes autónomos y autárquicos; presidentes de entidades públicas de seguridad social, entidades financieras oficiales, universidades nacionales y empresas públicas.
Por último están los gobernadores y concejales departamentales, intendentes y concejales municipales, autoridades militares y policiales.
El calendario fue establecido por resolución número 69 del 16 de mayo pasado, firmada por el contralor general, Camilo Benítez A. En total, se dispuso el examen de correspondencia de 1.120 declaraciones juradas.
El Senado pidió al órgano de control que le remita el informe. Se aprobó por resolución en la Cámara Alta.
La Contraloría había pedido una prórroga, que le fue otorgada por el Senado.
Más de 1 millón
En el informe entregado al presidente del Congreso, Blas Llano, por el contralor general se apuntó que desde el 30 de agosto de 2018 hasta el 24 de abril de 2019, durante la gestión de Enrique García y en ocho meses, se hicieron 6 exámenes de correspondencia; y desde el 25 de abril de este año hasta ahora (periodo de Benítez), se realizaron 11 estudios, lo que totaliza 17 en el periodo de un año.
En el mismo documento se señaló que están en elaboración 48 exámenes, que se culminarán en octubre.
Cada año el examen de correspondencia es de 15 a 17. La Contraloría tiene más de 1.000.000 declaraciones juradas, atendiendo que muchos funcionarios presentaron tres, cuatro y hasta cinco declaraciones.
Una obligación legal
El examen de correspondencia es una obligación legal de la Contraloría. En caso de que el ente de control registre la falta de correspondencia entre los ingresos y egresos de un funcionario público, está obligado a realizar la denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, entre 15 o 17 estudios se realizan al año. El número resulta totalmente insuficiente en la lucha contra la corrupción.