El procurador general de la República Sergio Coscia confirmó en la víspera a Radio ABC Cardinal 730 AM que el jueves inscribieron a nombre del Estado cuatro avionetas que pertenecían al narco fugado Jorge Teófilo Samudio, alias Samura.
Explicó que dos de las aeronaves tienen tanques para realizar fumigaciones, por lo que las mismas serán puestas a disposición de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para sofocar los incendios que se registran en el Chaco y otras zonas del país. Las otras dos que son para transporte, serán puestas a cargo de instituciones que lo requieran.
Coscia relató que otras dos aeronaves están en proceso de inscripción a nombre del Estado, y comentó que el narco líder del Comando Vermelho tiene en total 20 avionetas, que podrían correr la misma suerte.
Estimó que el valor de estas aeronaves ronda los US$ 2.500.000.
Cuatro fueron incautadas en mayo de 2011, durante un procedimiento en Misiones, donde se constató que eran utilizadas para el tráfico de drogas.
Coscia indicó que en el 2015 comenzaron con las gestiones judiciales y recién este año pudieron oficializar el traspaso a favor del Estado luego de superar las numerosas chicanas legales y la aprobación de una ley que permita el comiso de bienes de los condenados por narcotráfico.
“El Ministerio Público, como no tenía todos los mecanismos legales y jurídicos para inscribir las avionetas, estas quedaban ahí y tenían un cementerio de avionetas que después, para ponerlas en uso, era mucho más barato comprar una nueva que arreglarlas”, comentó y señaló que “desde el año pasado, a través de un trabajo interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Registros Públicos y DINAC, ya tenemos el mecanismo para tomar la nave y usarla”.
El procurador indicó que esta medida podía haberse implementado desde mucho antes, dando a entender que se trató de una falta de voluntad de las instituciones involucradas. Luego, pidió al Poder Judicial “que en esos casos en que los abogados vienen a chicanear en causas de narcotráfico, tienen que ser sancionados con toda la fuerza de la ley”, a fin de evitar que se vuelvan a dilatar procesos como el relatado.