La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) se preparaba para firmar en forma sigilosa un contrato con la firma Protoniquel SA, representada por el argentino Mariano Bisarello, para la instalación de un sistema de control de infracciones de tránsito (fotomultas). La contratación se iba hacer sin licitación y a espaldas de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).
La ONG quería hacer valer un convenio de delegación de funciones firmado con la ANTSV, cuando su actual director jurídico Justo Pastor Domínguez estaba al frente de la agencia. Esto, según el dictamen 1/19 del 12 de agosto emitido por el consejo asesor de legislación de Opaci, integrado por los miembros de la Junta Directiva, Venancio Díaz (exintendente colorado de San Miguel), Julio Ramírez (intendente colorado de San Miguel Misiones) y Nelson Peralta (concejal municipal colorado de San Lorenzo), que aprobaba el contrato con Protoniquel SA.
Sin embargo, tras hacerse público el documento la presidenta de la organización no gubernamental e intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (colorada cartista), afirmó que la propuesta iba a ser rechazada, pese a la recomendación de aprobación de su comisión asesora. Afirmó que “no iba a acompañar una propuesta que atentaba contra las autonomía de las municipalidades”.
Benítez, que es pareja del diputado Éver Rivas (colorado cartista), imputado por estafa, incluso, expresó que iba a renunciar al cargo de la presidencia si no se respetaba la “autonomía” de las comunas.
Al consultársele, si sus expresiones se referían a algún tipo de presión para la firma del contrato, solo evadió diciendo que como municipalista siempre defenderá a las municipalidades.
Sin embargo, la primera entidad en avasallar a las comunas es la Opaci porque las utiliza como entes recaudadores, al quedarse con parte de los G. 10.000 que cobra por la expedición y renovación de las licencias de conducir.
Patio trasero de una ONG
Según nuestras fuentes, la ANTSV parecería ser un patio trasero de Opaci. La ONG maneja a su antojo toda la base de las licencias de conducir y no da participación a la agencia. Incluso, hasta la fecha la Opaci le debe G. 10.000 millones del arancel por registros de conducir a la agencia.