El exsenador fue condenado a la exigua pena de 1 año con suspensión solo como cómplice del cobro indebido de honorarios de Gabriela Quintana Venialgo (quien tuvo una pena de 1 año y 6 meses), conocida como su “niñera de oro”.
La agente había apelado el hecho de que llamativamente un tribunal de sentencia excluyó la estafa para beneficiar al exlegislador.
La investigadora asegura que el Tribunal de Alzada debe expedirse lo antes posible para que el caso no quede en el oparei, teniendo en cuenta que el hecho punible de cobro indebido prescribiría en octubre próximo. “Si se hace lugar al pedido del Ministerio Público, habrá tiempo para ir a otro juicio oral, pero el cobro indebido prescribiría independientemente de eso”, explicó Alcaraz.
En la apelación, la Fiscalía pide que se anulen los puntos 10 y 11 de la sentencia dictada el 3 de mayo pasado por el tribunal integrado por Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina, en los que se argumentó la exclusión del hecho punible de estafa contra los procesados: el exsenador Bogado y su “niñera de oro” Quintana.
De esta forma, se insiste en que se declare la nulidad parcial del fallo y que se formule una rectificación de los errores, para que los condenados Bogado y Quintana, además del absuelto Miguel Pérez, sean juzgados también por el delito de estafa y no solo por cobro indebido de honorarios.
Estafa está demostrada
Según la apelación, los elementos que demuestran que los acusados incurrieron en el delito de estafa están demostrados en grado de certeza, y se hace mención de que Quintana, con la firma del contrato con Itaipú asumió otro trabajo, que no podía cumplir.
El perjuicio patrimonial se verifica con un simple balance entre lo que salió y lo que, en contrapartida, entró y en el caso en particular no ingresó nada a la entidad, por cuanto la “comisión” no juega papel alguno pues los servicios que Quintana cumplió en la Cámara de Diputados ya fueron abonados por esta institución.
Se insiste en que se produjo un perjuicio patrimonial para Itaipú, específicamente de G. 71.683.460, más la suma de G. 34.579.994, y no hubo contraprestación de funciones. Además, el nombramiento de Quintana en la binacional y el comisionamiento fue solicitado por el propio Bogado, a través de su entonces secretario de gabinete Miguel Pérez, a sabiendas de que la misma era funcionaria nombrada en la Cámara de Diputados.