El ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor afirmó días atrás que le da “exactamente lo mismo” ir al Congreso invitado ya sea para una reunión con la mesa directiva del Senado o para una interpelación.
Por su parte, el Ministro de Defensa, Bernardino Soto dijo que no corresponde su interpelación. “El ministro de Defensa no está en la cadena de mando, consecuentemente la interpelación, de acuerdo a nuestro criterio, no cabe. No existe una responsabilidad de carácter operativo”, recalcó.
El Comandante de la Policía, Walter Vázquez, no hizo declaraciones del tema pero el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, dijo que ven la interpelación como una oportunidad de explicar la situación.
“A nosotros no nos preocupa un pedido de interpelación porque no lo tomamos como castigo sino que lo tomamos con una posibilidad de ir a explicar la situación en cada cartera”, dijo el vicepresidente, cuyo cargo constitucional es hacer de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Causales
El principal cuestionamiento a las autoridades encargadas de la seguridad interna del país es la ola de violentos hechos delictivos.
El planteamiento cobró fuerza tras el motín del penal de San Pedro, donde murieron diez presos, varios de ellos decapitados, en una disputa entre los grupos criminales PCC y el “clan Rotela”.
Este caso obligó a una declaración de emergencia penitenciaria y la modificación del Código Procesal Penal para descomprimir las cárceles, dando pie a la liberación con medidas alternativas a la prisión de varios políticos procesados por corrupción.
A esto se sumaron los hechos en Liberación, en donde delincuentes robaron una sucursal del Visión Banco tras sitiar el distrito.
Igualmente, se cuestiona la falta de resultados en la lucha contra el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y sus grupos “satélites”.
Ahora, se suman los violentos asesinatos ocurridos a ganaderos en el Chaco y la ola de asesinatos en departamentos fronterizos con el Brasil dominados por el narcotráfico.
EJECUTIVO MANEJARÁ EL DINERO
Este martes, la Cámara de Senadores también analizará el proyecto de ley que declara en emergencia penitenciaria los establecimientos del país. El texto tuvo media sanción el 25 de junio cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto. En esa oportunidad, los opositores dijeron que la declaración en realidad daba un “cheque en blanco” al Poder Ejecutivo para compras y licitaciones en las cárceles. Con la normativa, dan poder al Ministerio de Hacienda para que el Ejecutivo modifique la ley de presupuesto por decreto, restando el poder constitucional que tiene el Congreso para aprobar los cambios a una norma legislativa.