El 2 de abril de este año Natasha Zacarías McLeod (hija del exgobernador y actual diputado Justo Zacarías Irún) le depositó poco menos de un millón de guaraníes al juez de la adolescencia Marino Daniel Méndez Hermosilla (nuestro diario desconoce si hubo más pagos, antes o después de esa fecha).
La fecha coincide, casualmente, con que cinco días después el juez Méndez dio la orden judicial de que se reabriera el Shopping Box, que había sido clausurado por la Municipalidad de Ciudad del Este.
Este shopping fue inaugurado por Horacio Cartes durante su presidencia, acompañado por los Zacarías Irún (ANR, cartista).
La desprolijidad del clan Zacarías Irún en el pago quedó evidenciado en una transferencia que hicieron presumiblemente desde una cooperativa.
Las sospechas indican que podrían haber existido más transferencias y no precisamente dentro del sistema formal financiero.
Méndez ha salvado ya un par de veces al clan Zacarías Irún. La primera vez cuando salvó a un intendente franqueño afín al clan. La segunda vez cuando dictó una medida para evitar que la Junta Municipal de CDE tratara la renuncia de Sandra McLeod, destituida intendenta de Ciudad del Este.
La tercera vez cuando reabrió el Shopping Box (cerrado por la administración de Perla Cabral) y la cuarta vez recientemente, cuando –interinando un juzgado– rechazó que se reabriera la causa contra el imputado senador Javier Zacarías Irún por presunto enriquecimiento ilícito.
De juez a juez
Pero Natasha Zacarías McLeod no es la única que depositó dinero al juez. También otro juez le hizo un depósito a Marino Méndez por una suma casi cuatro veces mayor. El 8 de enero de este año el juez José Ariel Diarte Martínez también le depositó unos 5.000.000 de guaraníes a su colega Méndez.
La fecha del depósito coincide con el momento en que Diarte Martínez fue denunciado por el mismísimo ministro del Interior, Dr. Juan Ernesto Villamayor, por haber dado libertad condicional a un soldado del Comando Vermelho (Fabio Souza Dos Santos) mientras interinaba el cargo durante la feria judicial.
Dos días después de depositado el dinero en la cuenta de su colega, el juez Diarte Martínez pidió ser auditado por la Corte Suprema de Justicia por el caso del criminal brasileño a quien él otorgo prisión domiciliaria.
En medio del cruce de acusaciones, el Gobierno optó por expulsar del país a Fabio Souza Dos Santos, para darle un corte definitivo al caso.
Mucho en común
No solo los depósitos de dinero hermanan a estos dos jueces del Alto Paraná. La coincidencia es que ambos, interinando juzgados, tomaron decisiones claves que involucraban sonados escándalos en Alto Paraná.
Marino Méndez es un juez de la adolescencia que mientras interinaba un juzgado, rechazó reabrir la causa contra el imputado senador Zacarías Irún, investigado por la fiscalía por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito. El juez Méndez estaba interinando el juzgado y solo le tomó tres días para tomar la decisión de blanquear al senador cartista.
Diarte Martínez era juez penal de garantías de feria de Alto Paraná cuando dispuso la revisión de medidas y la libertad condicional de Fabio Souza Dos Santos, soldado del Comando Vermelho que posteriormente fue expulsado del país.
A raíz del caso de la prohibición de tratar la renuncia de la ex intendenta Sandra Zacarías Irún, el juez Marino Méndez fue enjuiciado y salvado inicialmente por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con el voto de la ministra de la Corte Gladys Bareiro de Módica, superintendenta de Alto Paraná.
Sin embargo, la ministra revió su voto inicial para salvar al juez Méndez debido a un supuesto informe confidencial. El titular del JEM, Enrique Bacchetta (ANR, Añetete), confirmó ayer que apareció un informe, que es confidencial, que él mismo vio y que hizo rever la decisión inicial. El JEM ha decidido enjuiciar con suspensión al juez Méndez y la Corte Suprema decidirá si es con goce de sueldo o no.
Enjuiciado y suspendido
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la semana pasada solo enjuició a Marino Méndez y no lo suspendió. Sin embargo el martes convocaron de nuevo al JEM y sus miembros decidieron suspender al magistrado. La ministra de la Corte Gladys Bareiro de Módica, quien votó en principio por archivar la denuncia, cambió su postura al parecer al enterarse de que el juez recibió dinero de parte de miembros del clan Zacarías Irún.
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