La Constitución del 92 les dedica a los pueblos indígenas todo un capítulo, el V, con hermosos enunciados, lastimosamente el objetivo de la Ley no es la retórica, sino su cumplimiento.
La Constitución dice que “los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida”, sabemos que eso no es cierto. Según datos publicados por la DGEEC, un 27% de los pueblos indígenas no tiene tierra propia.
El “Estatuto de las Comunidades Indígenas dice que a cada familia indígena le corresponden entre 20 y 100 hectáreas de acuerdo a la región en la que vivan, la Oriental o la Occidental.
Cada tanto, será por culpa, aparece una intentona legislativa para dar un leve barniz de buenas intenciones sobre la “cuestión indígena”. Una de las últimas, establece la obligatoriedad de que las instituciones públicas tengan entre el personal nombrado al menos 1% de indígenas. Hacienda previó esto para el presupuesto 2020, está en un articulado, sin embargo la Ley no fue reglamentada, el plazo venció el 19 de agosto.
El último Censo Indígena nos muestra datos sobre las reales condiciones de vida de los indígenas, apenas un poco más del 30% tiene energía eléctrica. La precariedad sanitaria en la que viven se puede reflejar en este número: el 96% no tiene lo que se llama “baño moderno”, sanitariamente están casi en la prehistoria.
En términos educativos, los indicadores son mejores, sin embargo, hasta hoy un 32.1% de ellos no lee ni escribe. Los avances ocurren muy lentamente y los derechos básicos no pueden ser meras expectativas.
Los indígenas, además de todas las dificultades por las que atraviesan, están condenados al INDI, una institución donde se ha llevado plata hasta en bolsones y que no ayuda más que a fomentar una burocracia que les obliga a poner sus derechos en manos de líderes que tampoco han demostrado tener intereses auténticamente comunitarios.
No permitamos que los indígenas cierren los puentes, pero no por la acción del brazo armado del Gobierno, intentemos que no tengan motivos para cerrar los puentes, fomentemos sus derechos y el cumplimiento de ellos. Los indígenas en cantidad no son mucho más de cien mil personas, demasiado poco para un Estado que gasta millones y millones, de la moneda que sea, en planes, proyectos, consultorías y ofrece a cambio muy pocas soluciones.