María Eugenia Otazo Aponte y Manuela Cristaldo, directora jurídica y la titular del Dpto. de Investigaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), emplazaron por el término de tres días hábiles a la Fiscalía General del Estado para que conteste una denuncia que recibió esta dependencia estatal, por la habilitación de un pago que sería irregular.
“En la licitación para alquiler de locales para la Fiscalía los precios de los ítems correspondientes a garantías son equivalentes a tres meses del precio de alquiler, cuando lo normal es que se pague un mes de garantía al ingresar a un nuevo local. Además, ¿estos son nuevos locales o son los mismos que ya están ocupando?, porque si fuera así, por qué van a pagar nuevamente garantía?, dice textualmente la denuncia que recibió la DNCP y que trasladó a la Fiscalía General para que conteste.
Autorización para pago
El 2 de abril pasado, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, autorizó el procedimiento de contratación de locación de inmuebles que se realiza de forma plurianual, conforme a lo que establece la Ley Nº 2051/03 “De contrataciones públicas para alquiler de sedes para Fiscalías Zonales, Regionales y Adjuntas para el interior del país”, con el ID Nº 380038.
La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio Público emitió el Dictamen Nº 3 del 5 de marzo de 2020, por el cual dio su conformidad para contratar inmuebles en locación, de forma plurianual.
Cierre de locales
El año pasado el Ministerio Público realizó varias movilizaciones para evitar el recorte de su presupuesto, porque esto llevaría al cierre de las sedes de las fiscalías que tiene en el interior del país. Sin embargo, ahora hay una denuncia de un presunto derroche o desvío de recursos del Estado.
Solo debería ser un mes de renta
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas objetó al Ministerio Público por pretender pagar G. 98.181.816 en concepto de garantía por un local que alquila en el departamento de Itapúa. Lo usual es que se pague el equivalente a un mes de renta, que en este caso es G. 32.727.272. Además, cuestiona que si es un local ya alquilado por la Fiscalía no correspondería pagar la garantía.