La investigación se inició en febrero del año pasado con una serie de allanamientos en Pedro Juan Caballero en los que cayeron más de media docena de supuestos integrantes de la organización comandada por el capo brasileño apodado Minotauro, ahora preso en Brasil.
Mientras la pesquisa estaba entrando a su etapa decisiva, la defensa de los procesados alegó una falta de competencia de la referida jueza.
La magistrada rechazó la pretensión de la defensa. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones conformada por Delio Vera Navarro, Agustín Lovera y Cristóbal Sánchez revocó la resolución y envió en noviembre pasado el expediente al juez de Pedro Juan Caballero Cándido Insfrán.
Insfrán fue recusado por el fiscal Marcelo Pecci pero la Cámara de Apelaciones de Pedro Juan rechazó el requerimiento.
El expediente volvió a Insfrán, pero al salir este juez de feria, la causa quedó a cargo de su colega de Capitán Bado Manuel Marcos Fernández Arce, quien en una muy cuestionada determinación concedió el viernes último arresto domiciliario a seis de los procesados considerados de mayor peligrosidad.
Sin embargo, la maniobra resultó fallida debido a que la Fiscalía avisó al Ministerio de Justicia que existía una resolución de la Corte firmada el último día del año pasado por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, mediante la cual quedaba sin efecto el traslado del expediente a Pedro Juan.
De este modo, el fallo del juez Fernández Arce quedó nulo y se evitó que los supuestos matones salgan de prisión.