La magistrada hizo lugar a la demanda de calificación de la huelga promovida por la Corte Suprema de Justicia y declaró ilegal la medida de fuerza llevada a cabo, desde el jueves 14 de noviembre hasta el viernes 29 de ese mes, por los sindicatos de funcionarios de la Dirección de los Registros Públicos, el Registro del Automotor y el Poder Judicial.
Un grupo de abogados también había promovido una demanda de calificación de la huelga, pero en este caso el pedido fue rechazado por Aquino, quien alegó falta de legitimación activa de los profesionales, ya que no son los contratistas de los funcionarios que llevaron a cabo la medida de fuerza.
Apelarán resolución
Luego de darse a conocer el fallo del Juzgado en lo Laboral, la sindicalista Porfiria Ocholasky aseguró que la declaración de ilegalidad de la huelga de los funcionarios judiciales fue hecha como amedrentamiento por parte de la Corte.
“Fue la máxima instancia judicial la que solicitó que se declare ilegal la huelga, por eso nosotros sabíamos que esto podía pasar, porque una magistrada que juró hace un mes no va a decirle que no a la Corte”, dijo la sindicalista criticando la decisión de la magistrada Greta Aquino.
Ocholasky informó que el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay va a apelar la resolución de la jueza y puntualizó que, en el caso de que la apelación no tenga lugar y quede firme la ilegalidad de la huelga, los trabajadores podrían ser sumariados e incluso echados.
No obstante, pidió a sus compañeros que no tengan miedo al sumario administrativo, ya que según aseguró es justamente para demostrar que son inocentes.
“Si nosotros no salimos a luchar por la reivindicación de nuestros derechos, nadie lo hará por nosotros”, dijo.
Afirman que CSJ coaccionó a jueza
Porfiria Ocholasky, del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, dijo que la Corte Suprema de Justicia coaccionó a la jueza en lo Laboral Greta Aquino para que declare ilegal la huelga realizada por los gremios del Poder Judicial.
Puntualizó que el gremio podría recurrir a derechos humanos internacionales porque considera que la declaración de ilegalidad va en contra de la libertad sindical.