El Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, ratificó la cancelación de la personería jurídica de la abogada Ana Mora, quien representa en la causa a la madre de la hija de Rodrigo Quintana, asesinado el 1 de abril del año 2017.
Los camaristas Bibiana Benítez, Delio Vera Navarro y José Agustín Fernández declararon también inoficiosa la apelación que intentaba quitar como querellantes a los padres de Quintana.
Con esto se destraba el caso y, cuando el expediente baje a su despacho, el juez penal de Garantías Alcides Corbeta podrá fijar la fecha para audiencia preliminar en la cual se resolverá si eleva el caso a juicio oral y público.
El magistrado tendrá que convocar al policía Gustavo Florentín, quien es el único acusado por la muerte del joven liberal ocurrido dentro de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El juez Corbeta había fijado la audiencia preliminar para octubre del año pasado, pero una serie de recusaciones e incidentes hicieron que el caso haya estado parado por más de un año, debido a las chicanas.
Único acusado
La Fiscalía presentó acusación y pidió que el caso se eleve a juicio oral el 3 de abril de 2018 solamente para el suboficial Gustavo Florentín, el único sospechoso de la muerte de Quintana.
En un vídeo del circuito cerrado del local del PLRA se ve al agente policial cuando irrumpe en la parte baja del edificio y abre fuego contra las personas que están en el sitio. También se observa en el momento que Quintana cae muerto.
Por otro lado, se pidió el sobreseimiento definitivo de los agentes policiales Éver Benítez, Arnaldo Andrés Báez y el comisario Tomás Paredes Palma.
Báez fue imputado por la irrupción al PLRA y por haber coaccionado a los dirigentes que se encontraban en el local partidario. Paredes Palma fue procesado por inducir a un subordinado a cometer un hecho punible.
Juez ratificó prisión
El suboficial Florentín se encuentra recluido en la Agrupación Especializada, a la espera de la preliminar. En agosto pasado intentó salir de prisión, pero Corbeta le negó el arresto domiciliario.
El magistrado ratificó la medida cautelar de prisión preventiva. Alegó que hasta el momento Florentín no compurgó la pena mínima de cinco años, por lo que no puede ser beneficiado con el arresto domiciliario, tal como su defensa solicitó.
En mayo pasado, un Tribunal de Sentencia condenó a cuatro años de cárcel al suboficial Jorge Ramírez Bogarín por lesión corporal en el ejercicio de sus funciones públicas.
El uniformado fue quien disparó en el ojo a una mujer que se encontraba en el local del PLRA y había intentado auxiliar a Rodrigo Quintana al verlo tirado en el piso.