Se trata de Ángel Espínola Marecos (49), quien desde hace once años se desempeñaba como guardiacárcel en la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyyú.
De acuerdo con el relato de los investigadores, poco antes de las 07:00, Espínola salió de su casa a bordo de una motocicleta para dirigirse hasta la cárcel, distante a unas 10 cuadras.
Como todas las mañanas, el funcionario tomó el mismo camino por el centro de la capital departamental, que lo consideraba el más seguro, principalmente después de la masacre registrada en dicho penal en la tarde del 16 de junio pasado, en la que 10 internos fueron asesinados en un feroz ataque perpetrado por miembros del Primer Comando Capital (PCC), contra integrantes del clan Rotela.
Este suceso trajo consigo el descubrimiento de una serie de irregularidades, como la existencia de una granja donde dos poderosos narcos, Ángel Tranquilino Giménez y Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, vivían en un régimen de casi libertad absoluta en compañía de sus servidores, también presos. Igualmente se descubrió que otros internos salían a farrear por la ciudad en compañía de las propias autoridades de la cárcel. Estos hechos llevaron a la destitución y procesamiento del entonces director del penal Wilfrido Quintana Parodi. Es más, Espínola había denunciado algunos de estos hechos, a más de la falta de más personal de seguridad y mejores condiciones de trabajo en el lugar, es por ello que trataba de cuidarse lo más que podía, señalaron los investigadores.
Pero en la mañana de ayer un sicario lo emboscó a 150 metros de la dirección de Policía departamental y a 300 metros de su lugar de trabajo y lo mató a balazos. En total, el pistolero efectuó nueve disparos con una pistolas 9 mm, de los cuales cuatro dieron en la víctima, luego escapó.
Miembros de la Iglesia local convocaron para una marcha ciudadana a fin de exigir tranquilidad y paz en San Pedro.
Exdirector, prófugo de la justicia
El exdirector de la cárcel de San Pedro Wilfrido Quintana Parodi se encuentra prófugo. Los fiscales Giovanni Grisetti e Irene Álvarez lo imputaron por cohecho pasivo agravado y ordenaron su captura, debido a que encontraron indicios de que el funcionario cobraba importantes sumas de dinero a los narcos que vivían en la “Granja Porvenir”.