GINEBRA (EFE). “Miles de prisioneros y funcionarios de prisiones se han infectado en América del Norte y del Sur ”, destacó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, quien también alertó sobre la violencia que en algunas instalaciones han desatado el miedo al contagio o las medidas de prevención.
Colville citó como ejemplos un motín el 1 de mayo en la prisión venezolana de Los Llanos, en el que murieron de 47 internos, y otro ocurrido la semana pasada en la cárcel peruana de Miguel Castro Castro, que se saldó con la muerte de nueve reclusos.
Además, el 21 de marzo 23 internos murieron cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para sofocar un amotinamiento en la cárcel colombiana de La Modelo, y otros incidentes violentos se han registrado en países como Argentina, Brasil, México o Estados Unidos, enumeró el portavoz.
Algunos motines se produjeron después de que se prohibieran las visitas de familiares de presos para prevenir los contagios, algo que en ocasiones priva a muchos internos de su principal acceso a la comida.
“La gravedad de los incidentes parece indicar que en algunos casos los Estados no han tomado medidas apropiadas para prevenir la violencia en estas instalaciones penitenciarias, y que han ejercido un excesivo uso de la fuerza para intentar recuperar el control de éstas”, subrayó Colville.
La oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet pidió ante ello la puesta en marcha de investigaciones imparciales y completas de este tipo de sucesos.
El portavoz indicó que en algunos países de la región se practican detenciones de personas que violan las medidas de cuarentena, lo que “incrementa el riesgo de infecciones”.
La oficina pide a los Estados una mejora de las condiciones sanitarias de las prisiones, amplio acceso a los test de diagnóstico, y permitir al menos un mínimo de contacto entre los internos y sus familiares.
En la parte positiva, la oficina de Naciones Unidas dio la bienvenida a los pasos dados por algunos países de la región para liberar a los presos más vulnerables, tales como enfermos crónicos, ancianos, mujeres embarazadas, discapacitados o seropositivos.
Colville citó a los gobiernos de Perú, Brasil, Ecuador o Bolivia, que ya han aplicado esas liberaciones selectivas o están preparando decretos en ese sentido.
¿Distancia social?
El hacinamiento es uno de los males comunes, aunque con diferencias significativas entre países como Chile o Uruguay, donde ronda el 110%, y los centroamericanos en el otro extremo, donde puede llegar a 350%, explica Fondevila.
De acuerdo con el último informe (2018) de población penitenciaria del Institute for Crime and Justice Policy Research (ICPR), con sede en Londres, la tasa carcelaria promedio de América del Sur es de 233 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Centroamérica llega a 316. Como referencia, la tasa de Europa occidental es de 81.
Las dificultades de cumplir con las dos reglas básicas contra la propagación, es decir la higiene y el distanciamiento físico, suponen un desafío extraordinario en establecimientos que en muchos casos apenas cuentan con agua corriente y donde en una celda para dos viven a menudo seis u ocho personas.
Varias ONG han denunciado las condiciones de múltiples cárceles de Latinoamérica donde la falta de sanidad permite circular a enfermedades como la malaria, la tuberculosis o la sarna.