Hubo buenos motivos para creer que la victoria de la ANR en las elecciones generales de 2023 implicaría que la jefatura del Estado sea ejercida de hecho por el presidente del partido –y exjefe de Estado– Horacio Cartes. Los acontecimientos ocurridos desde entonces parecen no solo confirmar dicha suposición, sino también indicar una tendencia inquietante al autoritarismo y al control sectario de las instituciones. Y una de las primeras medidas que pueden tomarse hacia este objetivo, qué mejor que acallar expresiones que molestan con sus denuncias.
En tal sentido, legisladores de la oposición ya venían anticipando que, por una supuesta orden del expresidente de la República, sus seguidores y satélites de otros partidos iban a promover la expulsión del Congreso de la senadora Kattya González (PEN), una de las voces más críticas, lo que se concretó el miércoles en una grotesca sesión extraordinaria, donde se violó el derecho fundamental a la defensa y se pisoteó el reglamento interno del Senado, aprobado apenas en diciembre pasado por la misma mayoría cartista, en ese entonces, al parecer, para blindar al senador Hernán Rivas (ANR, cartista), sospechado de tener título universitario falso.
La pérdida de investidura de Kattya González se decidió sin que, a primera vista, existieran ninguna de las causales taxativas para el efecto: su incapacidad física o mental no fue declarada por la máxima autoridad judicial, no es funcionaria pública, no integra empresas concesionarias del Estado ni las asesora o representa, ni se ha demostrado que se haya valido de su cargo para lograr algún beneficio indebido. Pero nada de eso importaba. Repetimos, lo que el oficialismo pretendería con el presunto apoyo de exabdistas, de “liberales” cartistas y de tránsfugas de Cruzada Nacional, es sacarse de encima a una opositora que molesta mucho, aunque ello implique vulnerar la Constitución y dejar de lado el reglamento interno del Senado.
Los signos de un presunto intento de proyecto autoritario, a través del acallamiento de voces críticas, de copamiento de instituciones y de incentivación de personalismos, se ha venido generando desde la misma victoria electoral de Santiago Peña. Incluso antes de que este último asumiera el poder, Horacio Cartes presentó una denuncia penal por “persecución política”, contra personas innominadas, dando la impresión de querer eliminar toda alusión crítica a su figura. Previamente, el movimiento que preside había logrado que las Cámaras del Congreso fueran presididas por sus seguidores Silvio Ovelar y Raúl Latorre, gracias a los satélites seducidos quizá por su notable poder económico. Esta cuestionada mayoría le ha permitido enviar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al diputado Orlando Arévalo (ANR) y al senador Rivas, supuestos abogados, en tanto que la presunta docilidad del presidente Santiago Peña hizo que una allegada del exmandatario, la exministra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta, integre el Consejo de la Magistratura antes del vencimiento del mandato de quien representaba allí al Poder Ejecutivo.
La pérdida de investidura de Kattya González supone un asalto a la Constitución Nacional, a leyes y reglamentos. La iniciativa comentada hace temer que vuelva a intentarse otra más, como la infausta de 2017, cuando luego de negar varias veces que la Constitución le prohibía terminantemente lanzarse para una reelección, después se le ocurrió hacerlo, además mediante una inconstitucional enmienda, abortada solo gracias a la decidida oposición de la ciudadanía, no sin que antes perdiera la vida en las protestas Rodrigo Quintana, un joven opositor liberal.
Así las cosas, la ciudadanía debe prepararse para defender, en todas las instancias a su alcance, la institucionalidad y la democracia amenazadas una vez más por quienes, según todos los síntomas, pretenden acaparar el poder y perpetuarse en él.
La libertad fue ganada a sangre y fuego y no se debe perderla por culpa de quienes solo quieren servirse del país.